El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) busca imponer medidas severas contra Google para contrarrestar su supuesta posición monopólica en el mercado de búsquedas.
Entre las propuestas se encuentran la venta de su navegador Chrome, la separación del sistema operativo Android de otros servicios de la compañía, y la obligación de compartir datos y resultados de búsqueda con sus competidores.
Estas acciones se derivan del fallo emitido en agosto por el juez Amit Mehta, quien determinó que Google ha monopolizado de forma ilegal el mercado de búsquedas en línea. Según el DoJ, estas medidas buscan nivelar la competencia en un entorno dominado por los servicios de la empresa tecnológica.
Sin embargo, expertos advierten que la implementación de estas disposiciones podría enfrentar obstáculos legales significativos. Gus Hurwitz, investigador y director académico de la Facultad de Derecho Carey de la Universidad de Pensilvania, señaló que los tribunales suelen exigir que las soluciones estén directamente vinculadas al problema antimonopolio planteado. En este caso, afirmó que “la desinversión de Chrome no hace absolutamente nada para abordar esta preocupación”.
Impacto en trabajadores y consumidores
En paralelo, trabajadores organizados en el sindicato Alphabet Workers Union (AWU) solicitaron ser incluidos en las discusiones sobre las posibles medidas. Según reportes, miembros del sindicato se reunieron recientemente con la división antimonopolio del DoJ para expresar sus inquietudes, manifestando la necesidad de protección contra represalias.
Parul Koul, presidente del AWU, subrayó la importancia de incluir a los empleados en las decisiones. Según Koul, “las soluciones, sean las que fueren, fracasarán si los trabajadores siguen teniendo miedo a las represalias y no pueden expresar sus preocupaciones”.
Además, el sindicato denunció que Google restringió previamente a los empleados hablar sobre asuntos legales en curso sin aprobación previa. Estas restricciones, aseguran que, dificultan la transparencia y participación en temas que impactan directamente su trabajo y seguridad laboral.
Obstáculos para la implementación
A pesar de la intención del DoJ, el panorama legal es complejo. Los analistas recordaron casos previos, como el de Microsoft en la década de 2000, donde la orden inicial de dividir la empresa fue revocada por un tribunal de apelaciones. Eventualmente, Microsoft llegó a un acuerdo sin que se concretara la venta forzada de ninguna de sus divisiones.
Por otro lado, Google calificó las propuestas como una “extralimitación gubernamental sin precedentes”, advirtiendo que medidas como la venta de Chrome y la apertura de sus datos podrían perjudicar tanto a los consumidores como a las pequeñas empresas. Según la compañía, estas acciones reducirían la privacidad de los usuarios y limitarían los ingresos de socios como Mozilla, desarrollador del navegador Firefox.
Un cambio en el horizonte político
La situación también podría verse afectada por un cambio de administración en Estados Unidos. Aunque el caso contra Google fue iniciado durante el primer mandato de Donald Trump, el expresidente indicó que podría reconsiderar medidas como la venta de Chrome, argumentando que podrían debilitar la posición de la industria tecnológica estadounidense frente a la competencia internacional, particularmente de China.
