Ante la ola de críticas por su propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum frenó el intento de aprobarla vía fast track en el Senado y pidió una discusión amplia para aclarar dudas y modificar o eliminar artículos polémicos.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum reconoció que existen preocupaciones legítimas —incluso dentro del propio Gobierno— sobre las nuevas atribuciones que se plantean para la Agencia de Transformación Digital, que sustituirá al desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Por ello, dijo, no es necesario aprobar el dictamen la próxima semana.
“La SICT tiene dudas, pues que se expongan en el Senado. Que vaya Pepe Merino, que vayan los expertos que ayudaron a hacer la Ley, y que se abra la discusión. No se trata de imponer nada”, aclaró la mandataria.
Sheinbaum propuso que el Senado convoque a un periodo extraordinario de sesiones en mayo o junio para analizar con mayor profundidad la iniciativa, y autorizó que se modifique o incluso elimine el artículo que faculta a la Agencia a ordenar la baja de plataformas digitales, señalado como un intento de censura.
“Ese no es el centro de la Ley. Nunca ha sido nuestro deseo censurar a nadie”, afirmó.
La declaración de la presidenta ocurre justo cuando Morena empujaba la aprobación exprés de la reforma antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones. La oposición —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— acusó que la iniciativa concentra un poder excesivo en el nuevo órgano regulador y la calificó como “Ley Censura”.
El senador panista Ricardo Anaya denunció “la obsesión del régimen: el control”. Por su parte, la emecista Alejandra Barrales advirtió que se trata de una ley que busca decidir qué pueden ver, oír y compartir los ciudadanos.
Irene Levy, presidenta del Observatorio de las Telecomunicaciones (Observatel), la consideró un “total exceso” y alertó que permitir el bloqueo de plataformas representa una amenaza a la libertad de expresión.
Además, la bancada del PAN advirtió que la reforma podría violar el T-MEC, específicamente el artículo 18, que exige organismos reguladores independientes para evitar favoritismos a proveedores preponderantes.
“No vamos a regresar a lo que existía antes, pero si se puede mejorar, que se mejore. Lo que no vamos a hacer es imponer una reforma sin diálogo”, concluyó la presidenta.
