En una histórica sesión, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen por el que se expide la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El proyecto de ley será ahora turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación.
Con 77 votos a favor y 30 en contra en lo general, la asamblea respaldó el nuevo ordenamiento legal atendiendo así el mandato constitucional establecido en el artículo décimo transitorio del Decreto publicado el 20 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación.
Durante la discusión en lo particular, se aceptó una reserva del senador Javier Corral Jurado para incluir en el artículo 10 la facultad de la comisión correspondiente para ordenar la suspensión precautoria de transmisiones que infrinjan las disposiciones legales, previa advertencia.
La nueva legislación se nutre de las observaciones presentadas en los cinco conversatorios organizados por la Junta de Coordinación Política y las comisiones del Senado en materia de comunicaciones, radio y legislación. Participaron expertos, académicos, representantes del sector y organizaciones de la sociedad civil, quienes aportaron sus perspectivas para robustecer el contenido del dictamen.
En uno de los artículos transitorios, se establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) utilizará sus recursos, incluidos los del Fideicomiso de Infraestructura y Equipamiento, para el pago de indemnizaciones o finiquitos al personal que será dado de baja con la eventual extinción del instituto.
Senadores de distintas bancadas, incluyendo Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano, presentaron reservas para modificar diversos artículos. Sin embargo, estas fueron desechadas y el dictamen fue avalado en sus términos con 71 votos a favor y 29 en contra. De ser aprobadas en sus términos, estas leyes serán enviadas al Ejecutivo Federal para su promulgación.
Lo que cambia con esta nueva ley; los puntos más polémicos
- Ya no podrán bloquear apps como inicialmente se preveía en el artículo 109, una de las propuestas más criticadas por organizaciones civiles y expertos en tecnología.
- Registro obligatorio de usuarios: Todas las compañías de telefonía móvil estarán obligadas a identificar plenamente a cada usuario, incluyendo aquellos con líneas de prepago —que representan alrededor del 80% del total—. En caso de no registrarse, el servicio será suspendido.
- Acceso gubernamental en tiempo real: Los datos recabados por las compañías —como identidad, ubicación, historial de llamadas y mensajes— estarán disponibles sin necesidad de orden judicial, lo que implica un acceso directo y sin filtros por parte de las autoridades.
- Vigilancia total: La ley mantiene la obligación de conservar el historial completo de llamadas, mensajes y geolocalización de los usuarios, sin límite de tiempo definido ni filtros claros para su consulta.
Además, el dictamen establece la creación de una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un nuevo órgano que dependerá directamente de la Agencia de Transformación Digital. Esta comisión estará integrada por cinco miembros que serán designados por el Ejecutivo Federal, lo que ha generado inquietud respecto a la autonomía del organismo.
Aunque aún falta la discusión en lo particular, el dictamen ha avanzado con una mayoría clara, lo que perfila su aprobación definitiva en los próximos días.
Mientras senadores oficialistas han defendido el proyecto como un avance hacia la seguridad digital y el orden en el sector, legisladores de oposición y activistas advierten sobre el riesgo de crear un sistema de vigilancia masiva sin controles judiciales, lo que consideran una regresión en materia de derechos digitales y privacidad.
