Puebla, Pue. – El Congreso de Puebla, dominado por Morena, aprobó una polémica ley que criminaliza los insultos y ofensas en redes sociales, bajo el disfraz de combatir la violencia digital. La llamada “Ley contra la violencia digital”, rebautizada por la opinión pública como “Ley Mordaza”, permite imponer hasta tres años de prisión y multas de casi 30 mil pesos por comentarios considerados ofensivos en línea.
Lejos de defender la libertad de expresión, el gobernador Alejandro Armenta Mier respondió con virulencia a la condena pública emitida por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que advirtió sobre los riesgos de esta reforma para el ejercicio libre del periodismo y la crítica ciudadana.
La ley fue impulsada por las diputadas morenistas Grace Palomares y Nayeli Salvatori, quienes aseguran ser víctimas de violencia digital. No obstante, ambas han sido señaladas por su doble discurso: Salvatori ha usado sus propias redes para burlarse de madres de familia, llamándolas “perras”, lo que pone en entredicho su autoridad moral para exigir respeto y criminalizar las opiniones en línea.
Mientras tanto, el gobernador Armenta insiste en que esta ley busca proteger a mujeres y menores. Pero en los hechos, lo que se observa es una herramienta legal para silenciar voces críticas y blindar a los funcionarios públicos de cualquier cuestionamiento incómodo.
El pasado reciente del mandatario lo confirma: en su primera confrontación con la prensa, acusó sin pruebas al periodista Rodolfo Ruiz de encabezar una “red de ciberdelincuentes”, tras publicaciones que incomodaron a su administración. Pese a los llamados de organismos como ARTICLE 19, Armenta no solo no se disculpó, sino que redobló sus ataques, llamando “canalla” y “cobarde” al periodista.
El coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra –sobrino del exgobernador represor Mario Marín– intentó maquillar la ley asegurando que no limita la libertad de expresión, pero sus palabras contradicen lo que ciudadanos, activistas y periodistas han denunciado a nivel nacional: un intento claro por reprimir la crítica bajo argumentos moralistas y paternalistas.
Mientras en el resto del país surgen muestras de apoyo a los periodistas y ciudadanos de Puebla, en el estado reina el miedo y la autocensura. Porque, con esta ley, opinar en redes puede costarte la libertad.
Y aunque Armenta diga que “no hay restricción a los derechos”, los hechos lo desmienten. La verdadera intención detrás de esta ley no es proteger a nadie, sino blindar el ego de un gobierno autoritario, burdo y cada vez más parecido al de Miguel Barbosa Huerta.
