Una auditoría especial, inicialmente reservada por cinco años, ha confirmado que Lizbeth Victoria Huerta —quien gobernó como alcaldesa morenista de Asunción Nochixtlán entre diciembre de 2019 y mayo de 2021— desvió 8 millones 795 mil pesos, equivalentes al 80 % del presupuesto auditado durante los primeros seis meses de su administración.
Simulación de compras y servicios
La revisión incluyó solo una parte del presupuesto (11 millones de pesos), lo que significa que el monto total del desfalco podría ser considerablemente mayor si esta proporción se replicara en el total de los recursos destinados a la alcaldía.
Entre los gastos simulados se listan adquisiciones de equipo de cómputo, mobiliario de oficina, artículos de aseo, combustible, uniformes, herramientas, carritos de basura y al menos ocho motocicletas. Ninguno de esos bienes tiene constancia de recepción o resguardo municipal.
También se documentaron contrataciones ficticias de servicios culturales, ingenierías, impresión de documentos oficiales, reparación de vehículos, difusión publicitaria e incluso servicios de contabilidad, sin evidencia de ejecución real.
Además, la auditoría detectó que Victoria Huerta pagó sueldos a su hermana Natalie Victoria Huerta y a su asesor jurídico, José Manuel Muñoz Quevedo, sin registros ni justificantes que acrediten labor efectuada.
Contexto y denuncias previas
La activista Claudia Uruchurtu Cruz fue la primera en denunciar irregularidades en el manejo del presupuesto municipal. Presentó múltiples denuncias entre 2019 y 2020 ante autoridades estatales y federales, incluyendo la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República, sin recibir respuesta efectiva.
Solo tras su denuncia ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFE) se ordenó una auditoría excepcional, enfocada únicamente en el primer semestre de gobierno de Victoria Huerta.
El gobierno estatal de Oaxaca clasificó los resultados de la auditoría como reservados durante cinco años, argumentando que su divulgación podría entorpecer procesos de fiscalización. Solo en marzo de 2025, Animal Político obtuvo el expediente completo mediante transparencia, revelando el desfalco económico.
A la fecha, no hay sanciones administrativas en firme ni recuperación del dinero defraudado. El OSFE mantiene abierto un expediente por presunta responsabilidad, pero no ha dictado resoluciones ni penalizaciones.
Entre la impunidad y la censura
La desaparición forzada de Claudia Uruchurtu en marzo de 2021 —dos meses antes de que concluyera la auditoría— agregó una dimensión de violencia política al caso: Victoria Huerta y otros funcionarios fueron procesados, pero el juicio solo resultó en una condena por “obstrucción de las investigaciones” que cumplió en diciembre de 2024, sin responsabilidad directa en la desaparición.
Las familiares Uruchurtu y organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que jamás se investigó la relación entre las denuncias de corrupción y el crimen contra Claudia, lo que refuerza señalamientos de encubrimiento institucional bajo el amparo del partido Morena.
Desvío de recursos
Este informe demuestra cómo maniobras administrativas y contratos simulados permiten desviar de forma sistemática recursos públicos, incluso en gobiernos locales de partidos mayoritarios como Morena. La censura de la auditoría por cinco años y la falta de sanciones evidencian graves lagunas en el sistema de rendición de cuentas en Oaxaca: ni se sanciona ni se investiga a fondo. El caso Xochiltlán sienta un precedente preocupante sobre el uso político del presupuesto público y la vulnerabilidad de quienes exponen esas irregularidades.
