La diputada de Morena y exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, advirtió que la reforma a la Ley de Amparo que se discute en el Congreso representa un retroceso en materia de derechos y acceso a la justicia, al limitar la posibilidad de que grupos vulnerables y colectivos sociales recurran a esta herramienta para defender sus garantías. Durante su intervención técnica en la sesión de la Cámara de Diputados, la también expresidenta del Senado alertó que la nueva redacción del dictamen impactará de forma directa en las acciones colectivas impulsadas por comunidades indígenas, personas LGBTIQ+, consumidores, ambientalistas y jubilados, al imponerles la obligación de demostrar un daño directo para poder acceder a la protección judicial.
Sánchez Cordero, quien formó parte de la Suprema Corte por más de dos décadas, expuso tres de los seis ejes de análisis que preparó sobre la reforma. El primero fue el relativo al interés legítimo, figura que, explicó, es un concepto abierto que debe ser interpretado caso por caso por los jueces, sin intentar definirlo por ley, como propone el dictamen. Afirmó que limitarlo equivaldría a regresar al antiguo modelo de interés jurídico, restringiendo la posibilidad de que colectivos o comunidades puedan presentar demandas en defensa de derechos colectivos, ambientales o de consumo. “Si se acota el interés legítimo, se corre el riesgo de cerrar la puerta a quienes no tienen un daño directo pero sí un interés real en la defensa del bien común”, subrayó.
En cuanto a la procedencia del juicio de amparo, la legisladora reconoció que este recurso constitucional ha sido utilizado en ocasiones de manera excesiva para frenar políticas públicas. No obstante, advirtió que las modificaciones actuales podrían tener el efecto contrario, al concentrar todos los medios de defensa en el juicio de amparo y eliminar otras vías administrativas o fiscales de protección para los ciudadanos y contribuyentes. “El problema no se soluciona con limitar el acceso al amparo, sino con fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la actuación de las autoridades”, apuntó.
Respecto a la figura de la suspensión, Sánchez Cordero recordó que desde 1936 ha sido un instrumento esencial para salvaguardar los derechos de las personas frente a actos de autoridad, permitiendo que se detengan los efectos de una decisión mientras se resuelve el fondo del asunto. Señaló que los nuevos requisitos para concederla podrían representar un retroceso respecto a los criterios jurisdiccionales establecidos desde 1993, que ampliaron su alcance en favor de la protección de los derechos humanos.
La diputada morenista enfatizó que su análisis no busca frenar la actualización del marco jurídico, sino advertir sobre los riesgos de reformar un instrumento que históricamente ha sido una garantía frente al abuso del poder. “La Ley de Amparo no pertenece a un gobierno ni a una corriente política; es patrimonio jurídico de la nación y una conquista del pueblo mexicano”, dijo. Aunque su intervención estaba estructurada en seis ejes, por razones de tiempo solo alcanzó a exponer tres, todos enfocados en la defensa del acceso efectivo a la justicia y la preservación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
