El Gobierno de Estados Unidos revocó la visa de al menos 50 políticos mexicanos, de acuerdo con un reporte publicado por la agencia británica Reuters el 14 de octubre.
La medida, basada en información de dos funcionarios mexicanos no identificados, uno de ellos descrito como “un destacado político”, se aplicó sin que Washington ni México dieran a conocer los nombres de los afectados ni los motivos de la decisión.
Según Reuters, el retiro de visas forma parte de un conjunto de acciones impulsadas por el Gobierno estadounidense en los últimos años para reforzar su control sobre el ingreso de servidores públicos extranjeros.
En este contexto, el exembajador de Estados Unidos en México, Earl Anthony Wayne, señaló que el entonces presidente Donald Trump “está encontrando nuevas maneras de ejercer más presión sobre México”.
Por su parte, la presidente de la República, Claudia Sheinbaum, en días pasados, aseguró que su administración no ha recibido información oficial sobre la lista de funcionarios afectados.
“Desconozco quiénes se encuentran en esa lista, ya que el Gobierno estadounidense no comparte esa información con el nuestro”, afirmó Sheinbaum.
Aunque los nombres completos no han sido divulgados por el Gobierno estadounidense, diversos políticos han reconocido públicamente la cancelación de su visado en los últimos meses.
En Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó el 10 de mayo que Estados Unidos revocó su visa y la de su entonces esposo, Carlos Torres Torres, quien posteriormente renunció a sus cargos honorarios en el ayuntamiento de Tijuana y en el Poder Ejecutivo estatal.
La mandataria dijo desconocer las causas de la decisión y confirmó que atraviesa un proceso de divorcio. Torres, por su parte, es investigado por autoridades mexicanas y estadounidenses por presunta evasión fiscal, lavado de dinero y huachicoleo.
En Guerrero, el exgobernador Héctor Astudillo Flores declaró que fue notificado de la cancelación el 31 de julio, diez días después de haber criticado públicamente los aranceles al jitomate durante un evento en Acapulco.
“Me comunicaron la revocación de mi visado el 31 de julio”, relató Astudillo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.
En Coahuila, la subsecretaria de Gobierno Sonia Villarreal Pérez perdió su visa en agosto, tras intentar ingresar a Estados Unidos. De acuerdo con el semanario Proceso, las autoridades estadounidenses actuaron bajo la sospecha de que pretendía dar a luz en territorio estadounidense.
Su esposo, Jorge Miguel Barajas Hernández, coordinador regional de la Policía Especializada de Coahuila, también se vio afectado durante el mismo intento de cruce.
En el noroeste del país, el alcalde de Puerto Peñasco, Sonora, Óscar Eduardo Castro Castro, se enteró de la revocación cuando intentó cruzar a Estados Unidos junto con su esposa e hijos por la garita de Lukeville, que conecta con Arizona. Las autoridades norteamericanas no ofrecieron explicación alguna sobre la medida.
También en Sonora, el alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim, confirmó a inicios de agosto la cancelación de su visa, calificando el proceso como un trámite administrativo.
“Mantengo la tranquilidad y la conciencia en paz”, escribió Gim en su cuenta de Facebook.
En Baja California, la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, conoció la cancelación de su visa después de que su esposo, Luis Samuel Guerrero Delgado, funcionario de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, intentara cruzar a California el 8 de agosto. En ese momento, las autoridades fronterizas le informaron que el visado de su esposa también había sido retirado.
El diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Mario Alberto López Hernández, enfrentó una retención de 12 horas en el paso fronterizo entre Matamoros, Tamaulipas, y Brownsville, Texas, en septiembre. En un inicio negó el hecho, aunque más tarde lo confirmó. Las autoridades estadounidenses no han detallado las razones de su detención ni de la revocación del visado.
Finalmente, en el sureste del país, el abogado y magistrado local Hernán José Vega Burgos, conocido como “El padrote de Progreso”, vio cancelada su visa en febrero, luego de que medios locales lo vincularan con una presunta red de explotación sexual en Yucatán.
Hasta ahora, ni el Departamento de Estado ni la Embajada de Estados Unidos en México han ofrecido una lista oficial de los funcionarios afectados ni una explicación formal sobre las causas. Según Reuters, los casos podrían incrementarse conforme avanzan las investigaciones.
Con información de El País
