La familia de Miguel Ángel Rojas Hernández, de 26 años, exige justicia plena y sanciones ejemplares luego del fatal accidente que terminó con su vida mientras cubría el festival AXE Ceremonia en la Ciudad de México. La exigencia surge seis meses después del colapso de una estructura metálica durante el evento que se llevó a cabo en Parque Bicentenario el pasado 5 de abril de 2025.
Miguel Ángel era un fotoperiodista independiente que realizaba labores de cobertura en un entorno de precariedad: sin contrato laboral, sin prestaciones, sin condiciones de seguridad adecuadas. Durante el festival, la grúa que transportaba una estructura decorativa colapsó; él murió en el sitio y otros trabajadores resultaron heridos.
La movilización de sus familiares y de la colectiva Colectiva #HoySomosTodoPorMiguel frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México evidencia su apuesta por que esta tragedia no quede impune. Exigen específicamente que se impute penalmente a las empresas responsables del montaje del evento, que se establezcan sanciones ejemplares y que se impulse una regulación que garantice la seguridad laboral y de montajes en festivales masivos.
El reclamo tiene también un trasfondo estructural: la familia advierte que este hecho pone en evidencia la prevalencia de la informalidad laboral en el ámbito cultural y de cobertura de prensa musical. Datos citados por la colectiva indican que hasta el 71 % de los fotógrafos trabajan sin empleo formal, y que los periodistas inician con sueldos promedio alrededor de 8 000 pesos mensuales, sin seguridad social ni prestaciones.
Por otro lado, existe una fuerte crítica al manejo del evento tras el accidente. Según informes periodísticos, tras la caída de la estructura poco o nada se informó al público, la música continuó y fue hasta horas después que las autoridades confirmaron el deceso de las víctimas y la suspensión del festival. La alcaldía de la delegación correspondiente y la organización del festival se han acusado mutuamente de omisiones y responsabilidades.
La tragedia abrió además un debate más amplio sobre la concesión del Parque Bicentenario y la supervisión de eventos masivos en la ciudad. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, incluso puso sobre la mesa la posibilidad de retirar la concesión privada del parque tras el accidente.
La familia afirma con firmeza que “no puede seguir ocurriendo que quienes hacen posible la cultura y el arte trabajen sin seguridad ni derechos”. Su exigencia va más allá de una indemnización: piden que se genere un precedente jurídico que garantice que tragedias similares no vuelvan a ocurrir.
Hasta el momento, no se tienen públicamente imputaciones formales en contra de los organizadores o de la empresa responsable del montaje que colapsó. En este sentido, la familia considera que la muerte de Miguel tiene que servir para transformar la regulación de los eventos masivos y terminar con la impunidad que rige en muchos casos similares.
Mientras tanto, el luto de los compañeros, de los amigos y de quienes conocían su trabajo ha añadido un matiz humano al reclamo: Miguel no sólo era un joven fotógrafo, sino un testigo que en condiciones precarias buscaba retratar la escena cultural mexicana. Su muerte interpela al sector del entretenimiento, a los medios, a los sindicatos, a las autoridades y a la sociedad en su conjunto.
En definitiva, la exigencia de justicia por parte de la familia de Miguel Ángel no sólo está dirigida a un caso concreto, sino a toda una estructura que acostumbra a operar sin garantizar seguridad, sin contratos dignos, sin transparencia. Que este episodio no sea solo una noticia más, sino un llamado a responder con acciones claras y efectivas.
