La tragedia ocurrida en el festival Axe Ceremonia continúa abriendo grietas en la versión oficial sobre quiénes fueron los verdaderos responsables de su organización. Un reportaje de Proceso revela que, pese a los deslindes públicos, documentos obtenidos por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México muestran que OCESA, la promotora de conciertos más grande del país, tuvo una participación más profunda en el evento de lo que ha reconocido hasta ahora.
En dichos documentos, que incluyen contratos firmados por patrocinadores y acuerdos de colaboración, aparece OCESA no sólo como proveedora de servicios, sino como parte organizadora del festival. Esta revelación contradice los comunicados emitidos tras el colapso de una estructura durante la edición de abril de este año en el Parque Bicentenario, donde murieron los fotoperiodistas Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Hernández. La empresa había insistido en que su rol se limitó a apoyar de manera técnica a Grupo Eco, firma que oficialmente figuraba como responsable.
Los papeles entregados a la fiscalía por la defensa de las víctimas incluyen cláusulas en las que OCESA aparece mencionada como promotora y desarrolladora del festival, lo que refuerza la hipótesis de que tenía capacidad de decisión en la operación del evento. Patrocinadores del Axe Ceremonia también declararon que los contratos fueron firmados directamente con representantes de OCESA, un punto que resulta clave para la investigación judicial.
El festival, respaldado comercialmente por la marca Axe, había buscado proyectarse como un escaparate cultural y musical alternativo. Sin embargo, la tragedia puso en entredicho sus estándares de seguridad y abrió un debate más amplio sobre las condiciones en las que operan los conciertos masivos en México. El desplome de la estructura, instalada sobre un “genie” —plataforma que no estaba contemplada en los planos revisados por Protección Civil—, expuso posibles omisiones en los permisos y la supervisión oficial.
A la par de las revelaciones documentales, la defensa de los familiares de Giles y Hernández ha insistido en que deben ser imputadas tres empresas, entre ellas OCESA, además de una docena de personas vinculadas a la planeación y ejecución del festival. El delito que se busca acreditar es homicidio culposo, bajo el argumento de que las víctimas murieron por negligencia en la organización.
Mientras tanto, OCESA mantiene su postura de deslinde. En comunicados recientes ha reiterado que no tuvo responsabilidad directa en la producción ni en las decisiones logísticas que derivaron en la tragedia, y que únicamente fue contratada como proveedora de servicios. La compañía asegura estar dispuesta a colaborar con las autoridades, aunque en los hechos busca alejar cualquier señalamiento que pueda comprometerla legalmente.
Las audiencias judiciales programadas para este mes serán decisivas para definir si la fiscalía logra sostener la imputación de responsabilidades contra las empresas y sus representantes. Más allá de los procesos legales, el caso ha encendido una discusión sobre la rendición de cuentas en el negocio del entretenimiento en México, marcado por la concentración de poder en unas cuantas compañías y la falta de transparencia en la cadena de producción de los festivales.
La investigación de Proceso revela que el nombre de OCESA no puede ser pasado por alto. Los documentos muestran un grado de participación que contrasta con la versión que la propia empresa ha querido posicionar en la opinión pública. La tragedia de Axe Ceremonia, además de cobrar la vida de dos periodistas, ha dejado al descubierto la fragilidad de un sistema donde la seguridad, la transparencia y la responsabilidad suelen ceder terreno ante el interés económico y la opacidad empresarial.
La entrevista con la familia de las víctimas y el abogado, así como la investigación completa, pueden leerla aquí
