La servidora pública Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, figura al frente de uno de los órganos clave del actual gobierno federal, se encuentra en el centro de un señalamiento grave: la venta de un departamento por aproximadamente 9.4 millones de pesos que, según un minucioso cruce de declaraciones patrimoniales, no aparecía en ninguno de sus documentos anteriores. Así lo reveló una investigación de Jorge García Orozco publicada por el medio especializado EMEEQUIS.
En el documento público correspondiente al ejercicio 2025, entregado el 30 de mayo de ese año, Buenrostro declara que en dicho año obtuvo otros ingresos por 9 145 000 pesos aproximadamente, de los cuales 8 850 000 pesos provienen de la enajenación de bienes inmuebles (“un inmueble”) y un vehículo por 250 000 pesos. En específico, se consigna que el 7 de mayo de 2024 se llevó a cabo la venta de un departamento mediante crédito por un valor de 9.4 millones de pesos.
La polémica radica en que dicho bien, descrito como una unidad de 149 metros cuadrados, no aparece registrada como propiedad de Buenrostro en ninguna de sus declaraciones patrimoniales previas —ni en 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 o 2024—, según el cotejo realizado por EMEEQUIS. Este hecho abre preguntas sobre la procedencia del inmueble, los mecanismos de adquisición, así como la transparencia que debe acompañar a quien ocupa una posición pública tan relevante.
La información oficial aporta además que, como titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno desde el 1 de octubre de 2024, Buenrostro reporta una remuneración anual neta por cargo público de 1 903 000 pesos. Esto contrastaría con el monto de otros ingresos declarados, lo cual añade un matiz de complejidad sobre la composición de su patrimonio.
El departamento vendido —adquirido por una persona física según la investigación— aparece como una operación que, por su monto y por la ausencia de registro previo en la patrimonial de la funcionaria, sugiere un potencial fallo en la rendición y transparencia que exige el sistema público. En su rol, la secretaria encabeza justamente la dependencia encargada de combatir actos de corrupción y promover el buen gobierno, lo que hace aún más relevante que su propia declaración patrimonial sea intachable.
El caso de Buenrostro se suma a una serie de episodios recientes en los que otros altos funcionarios han sido objeto de señalamientos por inconsistencias patrimoniales. La coincidencia cobra densidad cuando quienes dirigen instancias anticorrupción se encuentran a su vez bajo el escrutinio público por su propia situación financiera.
En el plano político, este tipo de revelaciones puede convertirse en munición para partidos de oposición y sectores ciudadanos que exigen mayor transparencia y rendición de cuentas, sobre todo cuando se trata de puestos clave en la administración pública. Además, plantea preguntas sobre la verificación y seguimiento que tienen las declaraciones patrimoniales, así como los mecanismos de sanción cuando se detectan omisiones o irregularidades.
En conclusión, la venta por 9.4 millones del departamento omitido en declaraciones previas por Raquel Buenrostro plantea una fisura en la narrativa de transparencia que debe acompañar a quien representa uno de los pilares institucionales del combate a la corrupción. La claridad sobre la procedencia del bien, los motivos de su omisión y las acciones que adopte la funcionaria o las instancias correspondientes determinarán si este episodio se diluye o se convierte en un punto de inflexión en su trayectoria pública.
