Las acciones emprendidas por las autoridades del Estado de México el 27 de octubre para frenar la venta ilegal de agua afectaron el suministro en zonas de la Ciudad de México, principalmente en la alcaldía Iztapalapa.
Así lo confirmó la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, quien atribuyó las movilizaciones registradas ese día al cierre de pozos y a la suspensión de operaciones de purificadoras que adquirían el recurso de manera irregular.
De acuerdo con la mandataria, las medidas implementadas en territorio mexiquense tuvieron un efecto directo en algunos puntos de la capital, donde empresas abastecedoras obtenían agua mediante esquemas no autorizados.
En ese contexto, Brugada hizo un llamado a que todas las actividades relacionadas con el abasto y distribución del líquido se realicen conforme a la normatividad.
“Aquí lo importante es que se empiece a legalizar todo y de esa manera todo mundo tiene derecho a comprar agua, siempre y cuando sea legal”, afirmó la jefa de Gobierno desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.
La titular del Ejecutivo local explicó que el impacto fue más evidente en las zonas periféricas de la ciudad, donde operaban empresas que dependían del suministro procedente de pozos clausurados en el Estado de México.
“Es un tema de la Ciudad de México que sí tiene su impacto, sobre todo en las periferias como Iztapalapa, quienes compraban a estas empresas; todo tiene que construirse legalmente, legalizarse y avanzar”, subrayó Brugada Molina.
Según información de las autoridades mexiquenses, las acciones contra la comercialización irregular incluyeron la clausura de pozos y la verificación de centros de purificación de agua, lo que provocó movilizaciones de operadores de pipas y encargados de esos establecimientos.
Dichas concentraciones generaron afectaciones al tránsito en distintos puntos de la capital.
A su vez, el Gobierno de la Ciudad de México reiteró que se mantiene en coordinación con las autoridades del Estado de México para garantizar el abasto regular y legal del recurso hídrico, así como para evitar la operación de redes de distribución no autorizadas.
