El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes, en lo particular con modificaciones, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
Con 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones, el dictamen fue remitido al Senado de la República para su análisis constitucional.
La nueva norma busca fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en la prevención y combate de este delito, así como establecer penas y agravantes uniformes en todo el país.
De acuerdo con el dictamen, la ley reglamenta la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política y reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Durante la sesión, se aceptaron reservas a varios artículos presentadas por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, quien explicó que los ajustes precisan la manera en que las autoridades deberán coordinarse en la prevención, investigación y sanción de los delitos de extorsión.
“La modificación al artículo 2 precisa cómo deben coordinarse las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la prevención, investigación, persecución y sanción del delito”, indicó Monreal Ávila.
Entre los cambios aprobados destacan la incorporación de los principios de interculturalidad e interseccionalidad en el artículo 3 y la definición más clara de la competencia federal y la facultad de atracción en el artículo 8.
Asimismo, se sustituyó la expresión “firmar un acto jurídico” por “celebrar un acto jurídico” en los artículos 16 y 18, y se ajustó el rango de sanción del artículo 21, estableciendo penas de cinco a doce años de prisión para los servidores públicos que, teniendo atribuciones, se abstengan de denunciar delitos de extorsión.
En el caso del artículo 26, se determinó que la reparación del daño a las víctimas provenga de los recursos obtenidos mediante procedimientos de extinción de dominio, mientras que el artículo 43 mandata la creación de campañas permanentes de información y prevención para visibilizar las distintas modalidades de extorsión y fomentar la denuncia ciudadana.
“Las autoridades deberán diseñar e implementar campañas permanentes de información y prevención orientadas a visibilizar las distintas modalidades de extorsión y a fomentar la denuncia ciudadana”, subrayó el legislador de Morena.
Durante el debate, legisladores de diferentes grupos parlamentarios expresaron posturas encontradas. Por el Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja respaldó las modificaciones al artículo 21, al considerar que sancionar a servidores públicos que omiten denunciar es fundamental.
“Es del delito de omisión o de hacerse de la vista gorda o no tener el valor, por amenazas o comodidad, de denunciar, pero no significa que ese servidor público sea el sujeto activo del delito de extorsión”, sostuvo Mejía Berdeja.
En contraste, el diputado David Azuara Zúñiga, del Partido Acción Nacional, calificó la reserva como perjudicial para las víctimas.
“Es absurdo pasar de castigar a quien usa el miedo, la violencia y la amenaza para lucrar con el dolor de otros, y premiarlos con una rebaja a la mitad de su condena”, afirmó. “La extorsión se combate con leyes firmes, castigos ejemplares y valor político”, agregó.
Por su parte, el diputado Leonel Godoy Rangel, de Morena, defendió la reforma al artículo 21 al aclarar que la propuesta no reduce la sanción para los autores materiales del delito.
“Nunca el autor del delito tendrá una pena menor al cómplice; se está confundiendo el delito de extorsión con quienes son cómplices y se está politizando”, señaló.
A su vez, César Alejandro Domínguez Domínguez, del PRI, cuestionó que las modificaciones no resuelvan los problemas de fondo del dictamen.
“Estas reservas no solucionan el problema; al contrario, generan más desorden. Se hubiera creado un tipo penal agravado, específico, claro y con penalidad alta”, apuntó.
Desde la misma bancada, Emilio Suárez Licona advirtió que los cambios son de forma y no de fondo, y que debilitan la respuesta institucional frente a la corrupción.
“Se reduce la pena a servidores públicos, lo que debilita la respuesta institucional frente a la corrupción y a la colusión”, expresó el legislador priista.
En contraste, Hugo Eric Flores Cervantes, de Morena, destacó que las reservas aprobadas fortalecen la técnica legislativa y consolidan la estrategia nacional contra la extorsión.
“La ley propone 34 agravantes para aumentar los delitos de extorsión, y aprobar las reservas es fundamental para la técnica jurídica”, mencionó.
El proyecto deriva de una iniciativa enviada por la presidente de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, junto con once propuestas presentadas por legisladores de Morena, PAN, PVEM y PT.
Su propósito central es establecer un marco nacional que unifique la tipificación, sanciones y mecanismos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales para combatir el delito de extorsión.
Según el documento, el delito se investigará y perseguirá de oficio, con penas de seis a quince años de prisión y multas de hasta quinientas Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Además, cualquier persona podrá denunciar de forma anónima a través del número 089 o mediante el Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, que dependerá de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
