La mañana del 28 de octubre de 2025 quedará marcada como un día de luto en la ciudad de Río de Janeiro. La denominada Operación Contención, desplegada por más de 2 500 agentes de las fuerzas de seguridad en los complejos de favelas de Complexo do Alemão y Penha, dejó al menos 132 muertos —la cifra que ha sido recogida por la Defensoría Pública del estado—, lo que la convierte en la operación policial más letal de la historia de Brasil.
Según las autoridades estatales, el operativo tenía por objetivo desarticular las estructuras del grupo criminal Comando Vermelho, considerado uno de los más poderosos del país, y arrestar a sus miembros dentro de las barriadas fuertemente armadas
Entre el operativo y el escándalo: denuncias que estremecen a Brasil
Pese a la magnitud del despliegue militar —vehículos blindados, helicópteros, centenares de agentes— las escenas que surgieron del terreno generaron más preguntas que respuestas. Vecinos de las zonas afectadas relataron que fueron hallados cuerpos con disparos en la nuca, apuñalados, y que se trasladaron cadáveres en masa hacia una plaza de la favela para que los familiares los identificaran.
Tales testimonios han motivado que organismos internacionales, como la Human Rights Watch y la oficina para los Derechos Humanos de la Naciones Unidas, exigieran investigaciones independientes. HRW calificó el operativo como un “desastre” y reclamó que la fiscalía estatal investigue caso por caso.
El marco legal también ha comenzado a operar. El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ordenó que el gobernador del estado de Río, Cláudio Castro, comparezca el próximo 3 de noviembre para brindar explicaciones sobre la operación, su planificación y los protocolos empleados para garantizar derechos humanos.
Hacia el epicentro de la tragedia: favela Penha y Alemão
Los barrios de Penha y el Complexo do Alemão, ambos en la zona norte de Río, fueron el escenario de la ofensiva. Habitadas por miles de personas, estas favelas han sido históricamente zonas de tensión entre el estado, la policía y el crimen organizado. En esta ocasión, los cuerpos fueron hallados en lugares boscosos, en vías de acceso restringido, y trasladados por los propios vecinos ante la aparente inacción institucional.
Una residente de Penha resumió el sentimiento generalizado: “El Estado nos abandonó hace mucho tiempo y nos volvió a abandonar después de esta matanza”.
¿Una operación exitosa o un nuevo punto de quiebre en la política de seguridad?
El gobernador Castro calificó la operación como un “éxito” por haber desplegado una respuesta contundente contra el crimen organizado. Sin embargo, los efectos de largo plazo ponen en cuestión el modelo: la magnitud de la violencia, las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y el impacto sobre la población civil configuran un escenario donde la seguridad pública se enfrenta a un dilema ético y operativo. Más allá del número de detenidos o armas incautadas, la reputación del estado de derecho y la confianza ciudadana han sufrido un profundo golpe.
Este suceso también reaviva viejos fantasmas: la operativa militarizada en zonas vulnerables, la falta de transparencia en los procedimientos y la recurrente impunidad por abusos policiales. En este contexto, la operación no solo tendrá repercusiones inmediatas en materia de seguridad, sino también políticas y sociales: de cara a las elecciones generales de 2026, el uso de la fuerza y la cuestión de los derechos humanos emergen como temas centrales en el debate nacional.
Brasil en el espejo: lección regional o advertencia internacional
La operación en Río ocurre apenas días antes de la cumbre mundial de alcaldes C40 que celebrará la ciudad entre el 3 y 5 de noviembre de 2025, y a pocas semanas del inicio de la COP30 en la Amazonía brasileña. En ese sentido, este episodio proyecta una imagen cargada de polaridad: por un lado, la decisión estatal de mostrar control y mano dura; por el otro, la exposición de un sistema de seguridad que, a juicio de muchas organizaciones, opera al margen de los estándares internacionales de derechos humanos.
La operación con 132 víctimas deja una huella difícil de borrar. Si bien proporciona material para iniciativas contra el crimen, también plantea la pregunta inevitable sobre si el precio de la “seguridad” es la erosión de los derechos fundamentales. Y en esta encrucijada, Brasil observa, analiza y debate hacia adentro y hacia fuera.
