Una operación policial en los barrios de Complexo do Alemão y Complexo da Penha, en la zona norte de Río de Janeiro, resultó en al menos 121 muertos, incluidos cuatro agentes, según la Defensoría Pública del estado. La acción de más de 2 500 efectivos del martes 28 de octubre de 2025 contra la facción criminal Comando Vermelho marca el operativo más letal en la historia de la ciudad, mientras los residentes recogen decenas de cuerpos y la comunidad internacional exige explicaciones.
Mega-operativo en favelas de Río: más de 100 fallecidos
Intervención policial con impacto masivo
La ofensiva, desplegada en la madrugada y ejecutada con helicópteros, vehículos blindados y drones, tenía por objetivo capturar a líderes del Comando Vermelho y desmantelar su estructura en los complejos de favelas. En declaraciones oficiales, se reportaron al menos 81 detenidos, 93 fusiles incautados y media tonelada de drogas decomisadas.
Los vecinos documentaron cómo los cuerpos fueron alineados en una plaza en la favela de Penha, lo que revela la magnitud y el impacto para las comunidades.
🚨 Río de Janeiro vivió el operativo más letal en su historia.
— ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) October 29, 2025
🔴 Más de 100 muertos y 81 detenidos tras acción de la Policía Civil y Militar contra el Comando Vermelho.
📊 El gobierno reportó 119 fallecidos; la Defensoría, 132.
👥 2500 agentes ejecutaron 100 órdenes de arresto. pic.twitter.com/wFMqdyMfkW
El saldo humano y la cifra en disputa
Mientras el gobernador del estado, Cláudio Castro, reconoció 58 muertos incluido el personal policial, la Defensoría Pública afirma que el número de fallecidos asciende a más de 120 personas.
El incremento sustancial de la cifra muestra la fuerte resistencia encontrada y la compleja dinámica del enfrentamiento: barricadas, combates prolongados y uso de drones por parte de los criminales fueron parte del escenario.
Favelas bajo fuego: contexto y consecuencias del operativo
La violencia policial en los barrios vulnerables
Los complejos del Alemão y de la Penha concentran una alta densidad poblacional, historia de control territorial por organizaciones criminales y vulnerabilidad estructural. El uso de la fuerza en estas zonas ha sido criticado por activistas de derechos humanos como desproporcionado y como parte de un patrón de atropello hacia comunidades pobres y racializadas.
La acción no solo impactó en el balance de muertos, sino que generó paralización de rutas de autobuses, suspensión de clases, y cobro emocional profundo en la población local.
Objetivo declarado: desmantelar al Comando Vermelho
La operación perseguía la ejecución de más de cien órdenes de captura contra miembros del Comando Vermelho, considerados uno de los sindicatos del crimen más poderosos de Brasil.
El gobierno estatal justificó la intervención bajo la lógica de una “guerra contra el narcoterrorismo”, aunque esa retórica suscite preocupación internacional por el respeto al debido proceso y los derechos fundamentales.
❗️⚠️🇧🇷 – The Public Defender's Office of Rio de Janeiro confirms 132 deaths in a mega-operation against the Comando Vermelho (CV). This is currently the deadliest police operation in Latin American history.
— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 29, 2025
In a grim update as of Wednesday, authorities report that four officers… pic.twitter.com/bSIPI4Ref1
Críticas, derechos humanos y repercusiones políticas
Organizaciones no gubernamentales y la prensa sostienen que muchos de los muertos podrían ser civiles o jóvenes que no participaron del enfrentamiento, lo que califica la operación como posible “masacre” antes que redada policial.
La obligación de rendición de cuentas y de investigación completa pesará sobre las autoridades regionales y federales en los próximos días.
Impacto político y social en Río de Janeiro
Este episodio llega en un momento de alta visibilidad internacional para Brasil y pone sobre la mesa la persistencia de la violencia urbana, la militarización del control del crimen y la fragilidad de los mecanismos de protección de los residentes de favelas.
El gobernador, por su parte, enfrenta presión para explicar la diferencia entre cifras oficiales y reportadas, mientras la ciudadanía exige claridad, justicia y el fin de los abusos en zonas de alta vulnerabilidad.