En Tijuana, la reconocida periodista y directora del Semanario ZETA, Adela Navarro Bello, vuelve a enfrentarse a una ofensiva que no sólo pone en riesgo su libertad de prensa, sino su seguridad personal. El pasado 31 de octubre de 2025 el empresario bajacaliforniano Manuel Cisneros Romero irrumpió en las instalaciones de ZETA Tijuana acompañado de hombres armados y cámaras, exigiendo que Navarro Bello le presentara “pruebas” de los presuntos vínculos de su difunto hijo con el narcotráfico, luego de un reportaje de ZETA sobre el asesinato del joven.
La manifestación no sólo se trató de un reclamo personal. Fue un acto de intimidación que mezcla poder económico, presión mediática y una clara vulnerabilidad que enfrentan los periodistas en zonas de alta conflictividad como Baja California. La fiscal del estado, María Elena Andrade Ramírez, calificó la acción como “una comparecencia intimidatoria” al señalar que la comunicadora “se sintió amenazada en su integridad” al recibir la presencia de hombres armados en el medio de comunicación.
Navarro Bello presentó formal denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE BC), que ya investiga a Cisneros Romero por estos hechos, mientras que la organización Artículo 19 demandó medidas urgentes de protección para la periodista, apuntando al patrón de impunidad y riesgo latente en el ejercicio periodístico en México.
Periodismo bajo fuego
La directora de ZETA no es nueva en la línea de fuego. Desde su llegada a este organismo de investigación, Navarro Bello ha encabezado coberturas en contextos de violencia vinculada con crimen organizado, corrupción gubernamental y redes de poder. Su trayectoria está marcada por un trabajo constante en zonas peligrosas, lo que le ha valido reconocimientos internacionales, pero también amenazas recurrentes.
En esta ocasión, la tensión se disparó con un artículo en que ZETA vinculó al joven fallecido, hijo de Cisneros Romero, con redes de crimen organizado. El empresario sostuvo que no se le dio la oportunidad de réplica, y que la nota carecía de sustento documental suficiente. Por su parte, ZETA afirma que su publicación se basó en fuentes oficiales de la Unidad de Delitos Contra la Vida de la FGE y de la Fuerza Estatal de Seguridad Pública Estatal.
El hecho resulta emblemático: un medio de investigación, que publica sobre narcotráfico y corrupción; un empresario que, en vez de acudir por la vía civil o de rectificación institucional, opta por una confrontación pública con escoltas armados; y una autoridad que acepta la denuncia, pero cuya capacidad de protección y de erradicar la impunidad está en entredicho.
¿Qué está en juego?
La amenaza contra Navarro Bello no se reduce a una agresión personal. Implica varios elementos de riesgo para la democracia mexicana. En primer lugar, se erosiona la libertad de prensa: cuando un periodista es confrontado con armas, cámaras e imposición de condiciones sobre su desempeño, se envía un mensaje para amedrentar no sólo a ella, sino a toda la comunidad de periodistas que siguen su línea de investigación.
En segundo lugar, subraya la continuidad de un patrón de impunidad: la vulnerabilidad de quienes cubren narcotráfico y crímenes de alto impacto, particularmente en zonas fronterizas, permanece como uno de los principales retos para el Estado mexicano. Organismos como Artículo 19 alertan que las amenazas contra periodistas son una estrategia para inhibir la denuncia y el escrutinio público.
En tercer término, también revela la interrelación entre crimen organizado, empresarios, poder político y medios. Que el empresario exigiera “pruebas” públicamente, ante cámaras y escoltas armados, demuestra que la confrontación no es sólo sobre hechos periodísticos, sino sobre la construcción de verdad pública y quién la controla.
Navarro Bello lo expresó de forma clara: “Vamos a seguir haciendo periodismo”. Su determinación encarna la resistencia que requiere el derecho a estar informados. Pero esa resistencia necesita más que voluntad. Requiere un andamiaje institucional que garantice la protección real de los periodistas, mecanismos eficaces de investigación y sanción para quienes amenazan o atacan a quienes informan.
¿Y ahora qué?
El caso ha pasado a manos de la FGE de Baja California, que reportó que ya brinda apoyo y evalúa la apertura de una investigación formal. Sin embargo, la pregunta que deja esta situación es si el apoyo se traducirá en una garantía de integridad para la comunicadora y su equipo o si el episodio quedará en un expediente más que languidece.
Mientras tanto, ZETA continúa operando bajo el riesgo que supone cubrir delitos de alto impacto en una de las regiones más convulsas del país. El mensaje que quede de esta embestida —ya sea de silenciar o de persistir— tendrá repercusiones más allá de Tijuana: envía señales a toda la prensa independiente en México.
La salvaguarda de la libertad de prensa no depende únicamente del valor de los periodistas, sino de la fortaleza institucional del Estado para protegerlos y sancionar la intimidación. En este momento, el país está siendo testigo de cómo esos dos polos —la valentía del periodismo y la fragilidad de las instituciones— se enfrentan directamente.
Navarro Bello lo resume con una frase que retumba: “La impunidad y la corrupción son el origen de la violencia contra los comunicadores”. Y en esa frase cabe todo: desde la extorsión simbólica al periodista hasta la amenaza real de balas y armas. En Tijuana, mientras se decide cómo se va a responder, ese origen está siendo puesto a prueba.
