El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, ha presentado un punto de acuerdo ante el Senado de la República en el que solicita a la Guardia Nacional (GN) un informe detallado sobre los motivos por los cuales sus elementos se retiraron del municipio de Uruapan, en el estado de Michoacán, días antes del asesinato del alcalde local, Carlos Manzo.
Colosio Riojas argumenta que la reducción de la presencia operativa de la GN en Uruapan desencadena interrogantes serios sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en uno de los municipios más afectados por la violencia en Michoacán. En el documento, el legislador solicita que la GN “rinda un informe detallado sobre los motivos, criterios y fundamentos técnicos que justificaron el retiro de elementos del municipio de Uruapan”. Añade que también es necesario conocer las metodologías y criterios empleados para definir los despliegues territoriales de la corporación.
El planteamiento cobra mayor relevancia en el contexto del municipio: Uruapan es una de las localidades más pobladas de Michoacán —con más de 350 000 habitantes— y registra tasas de homicidios muy superiores al promedio nacional. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), para 2024 la tasa de homicidios dolosos en Uruapan fue de 52 por cada 100 000 habitantes, y en 2023 de 56, cifra más del doble del promedio nacional de 24.8. Dentro de ese contexto, el día 8 de octubre, el alcalde Carlos Manzo alertó que cerca de 200 elementos de la GN se habían retirado del municipio.
Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla, reconoció que efectivamente hubo un relevo de elementos de la GN en Uruapan semanas antes del asesinato del alcalde. Indicó que formaba parte de una “reconfiguración operativa”, sin ofrecer sin embargo los criterios específicos que guiaron tal decisión. Según su versión, el cambio implicó que los elementos salieran y que posteriormente llegaran 100 nuevos efectivos al municipio el 18 de octubre.
Para Colosio Riojas, la situación no puede quedar en la simple explicación técnica: “la decisión se ejecutó sin notificación previa, sin coordinación con el gobierno local y sin que existiera mejora alguna en los indicadores de seguridad”, afirmó. Por ello, insta al Senado a intervenir para exigir que la GN divulgue los fundamentos de su actuación, ante el agravamiento de la crisis de violencia y ante un hecho tan grave como el homicidio del edil.
Este llamado ocurre en un momento delicado para el estado de Michoacán, en el que Uruapan y la región de Tierra Caliente se han convertido en escenarios de pugnas entre grupos criminales, con impacto directo en la seguridad de la población y los gobiernos locales. El asesinato de Carlos Manzo ha sido descrito por el propio senador como “un relato brutal de lo que vive el país”.
El punto de acuerdo de Colosio no sólo exige transparencia sobre el retiro de la Guardia Nacional, sino que pone en el centro la pregunta sobre la estrategia de seguridad federal en territorios con altos índices de violencia. ¿Cómo se evalúan los riesgos? ¿Quién decide cuándo y con qué recursos se actúa? ¿Por qué en un municipio tan crítico se aceptó dejar reducido el número de efectivos sin que se explicara públicamente? Estas son algunas de las preguntas que el senador deja sobre la mesa.
Por ahora, se espera que la Guardia Nacional acepte o rechace el exhorto del Senado y que envíe la información solicitada. La ciudadanía de Uruapan, y en general de Michoacán, permanece expectante sobre los resultados de esta investigación, la cual puede señalar fallas operativas graves o revelaciones de decisiones que ponen en riesgo el orden público.
En definitiva, el llamado de Colosio Riojas pone de relieve la tensión entre una estrategia de seguridad que, según afirman, se ajusta sin transparencia, y la necesidad urgente de proteger a los ciudadanos en una zona marcada por la violencia sistemática. El informe que detalle los “criterios y fundamentos técnicos” de la GN será un termómetro más de la voluntad del gobierno federal de explicar y rendir cuentas ante una crisis que afecta a cientos de miles de personas en Michoacán.
