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“La revocación de mandato no se negocia”: Máynez celebra fallo de la SCJN

Máynez sostuvo que "la revocación de mandato es un derecho de la gente", y denunció que, en Oaxaca, el gobernador Salomón Jara Cruz y Morena intentaron "secuestar" ese mecanismo democrático a través de reformas constitucionales que habrían hecho prácticamente imposible ejercerlo
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En un video difundido en redes sociales, el presidene de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, lanzó una tajante defensa del derecho ciudadano a revocar mandatos. Con voz firme, sostuvo que “la revocación de mandato es un derecho de la gente”, y denunció que, en Oaxaca, el gobernador Salomón Jara Cruz y Morena intentaron “secuestar” ese mecanismo democrático a través de reformas constitucionales que, según él, habrían hecho prácticamente imposible ejercerlo. Pero, afirmó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les dio la razón: “El pueblo seguirá teniendo el derecho a quitar a sus malos gobiernos”.

Álvarez Máynez fustigó a los correligionarios de Morena. Recordó que el movimiento fundado por ese partido prometió “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”. En su intervención, denunció que muchos gobernadores y presidentes municipales de Morena han hecho justamente lo contrario: “han robado, han mentido y traicionan al pueblo”. En el caso de Oaxaca, acusó que Salomón Jara intentó imponer reformas que complicaban tanto la recolección de firmas como la convocatoria misma de la revocación, con el fin de blindar su mandato.

La reforma local, aprobada en septiembre pasado por el Congreso de Oaxaca con mayoría morenista, reducían drásticamente los plazos y establecían condiciones restrictivas: se recortarían los tiempos para solicitar la consulta de tres meses a apenas uno, el plazo para recabar firmas se reduciría de tres meses a solo treinta días, y se exigía reunir al menos el 10 % de la lista nominal en cada uno de los 286 municipios, no sólo de la entidad en general. Con ello, advirtió Álvarez Máynez, era prácticamente imposible que la ciudadanía activara el mecanismo, incluso en casos de gobernantes impopulares.

La controversia derivó en una impugnación ante la SCJN promovida por partidos como Movimiento Ciudadano, por vía de la diputada Alejandra Morlán, que argumentaron que las modificaciones contravenían la Constitución federal y ponían trabas excesivas al derecho ciudadano. Este martes —según comunicados oficiales— el Pleno de la Corte, por mayoría de ocho votos contra uno, invalidó esas partes de la reforma. El fallo anuló los requisitos de firmas por municipio y restableció el criterio constitucional: basta con que el 10 % de la lista nominal estatal firme la solicitud, sin necesidad de quórum municipal, y reinstauró el plazo original de tres meses para su activación.

Para Álvarez Máynez, esta decisión representa un triunfo para la ciudadanía. “La revocación de mandato es un derecho de las ciudadanas y de los ciudadanos, no un instrumento de los gobernantes para hacer política partidista”, afirmó en su video. Destacó que, gracias a esta resolución, las oaxaqueñas y los oaxaqueños podrán acudir libremente al mecanismo y evaluar el desempeño de Jara, o de cualquier otro gobernador que abuse del poder.

El fallo de la Corte cobra especial relevancia porque Oaxaca será el primer estado del país en celebrar una consulta de revocación de mandato para gobernador. El proceso, que había sido impulsado desde el Congreso estatal con apoyo de Morena, el PRI y el PVEM, estaba originalmente programado para realizarse en enero de 2026.

La resolución de la SCJN no solo avala el acceso a la revocación de mandato, sino que envía un mensaje claro: cualquier iniciativa local que busque restringir este derecho será revisada y, en su caso, anulada. Para muchos actores —como el propio Álvarez Máynez—, este derecho no es negociable. Es, según él, una conquista ciudadana que llegó para quedarse.

Los próximos meses serán determinantes. Si la ciudadanía de Oaxaca realmente decide activar la revocación, y logra reunir el 10 % de firmas estatales, se pondrá a prueba la eficacia del mecanismo, así como la voluntad del gobierno estatal —y en especial de Salomón Jara— para respetar la voz popular. Lo que hoy parece un triunfo jurídico, podría convertirse en una prueba real de rendición de cuentas democrática.

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