La tarde del lunes 5 de enero de 2026 se desató una nueva controversia política en la frontera noroeste del país cuando la diputada local de Morena, Alejandra Ang Hernández, fue retenida por autoridades estadounidenses en la garita internacional de Calexico, California, tras intentar cruzar hacia Estados Unidos portando una suma de dinero en efectivo que excedía ampliamente el límite permitido sin declaración ante las autoridades migratorias y aduanales. La legisladora, presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso de Baja California y figura prominente dentro de su bancada, fue interceptada en su camioneta GMC Yukon blanca, donde oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) hallaron el efectivo en diferentes compartimentos del vehículo, lo que derivó en su retención por varias horas para una inspección exhaustiva.
Según los reportes oficiales y las declaraciones que la propia diputada emitió posteriormente, la cantidad en cuestión ascendía a más de 40 mil dólares, equivalente a alrededor de 800 mil pesos mexicanos al tipo de cambio actual, muy por encima del umbral de 10 mil dólares que en Estados Unidos debe declararse cuando se ingresa o sale del país con dinero en efectivo o instrumentos monetarios.
En un comunicado dado a conocer tras el incidente, Ang Hernández admitió que el traslado del efectivo sin declaración fue un error involuntario. Explicó que ese dinero —que describió como recursos personales de ella y de su esposo, acumulados durante años de trabajo y mediante la venta de un automóvil— estaba destinado a la compra de un vehículo y que su intención original era resguardarlo en su casa antes de cruzar la frontera. “Previo al cruzar por la Garita de Calexico, por error no resguardé en mi casa dinero en efectivo que se destinará para la compra de un vehículo. Dicha cantidad está por encima del umbral que en Estados Unidos debe declararse al ingresar o salir del país”, señaló la legisladora.
Ang Hernández también subrayó que sus documentos migratorios no fueron revocados ni cancelados y que se encuentra cooperando plenamente con el proceso administrativo que se sigue para aclarar y documentar la procedencia del dinero, con la finalidad de recuperar los recursos que, según ella, son de su propiedad. Agradeció además a quienes se han informado con responsabilidad sobre el caso y reiteró su compromiso de actuar con legalidad y transparencia en todas sus actividades.
Pese a que versiones extraoficiales en redes sociales y medios regionales llegaron a afirmar que la visa de la diputada había sido retirada, estas versiones fueron desmentidas por la propia Ang Hernández y hasta el momento no existe confirmación oficial de tal revocación por parte de las autoridades estadounidenses.
El episodio ocurre en un contexto político sensible para la legisladora, cuyo papel como presidente de la Comisión de Fiscalización la coloca en el centro de los debates sobre el uso y control de los recursos públicos en el estado. El incidente ha generado reacciones diversas en el ámbito político y mediático, y abre un nuevo capítulo sobre la vigilancia y cumplimiento de las normas aduanales en cruces fronterizos, especialmente cuando se trata de representantes populares que desempeñan funciones de supervisión financiera. La atención ahora se centra en cómo se resolverá el proceso administrativo iniciado por las autoridades de Estados Unidos y en las posibles implicaciones que este hecho pueda tener en la carrera política de Ang Hernández.
