La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al ser cuestionada sobre la validez de 105 plazas firmadas por Marx Arriaga Navarro un día después de que entrara en funciones su relevo en la Dirección General de Materiales Educativos, se limitó a responder: “Vamos a ver, ya se revisará por parte de la nueva titular”. Con ello, dejó en suspenso la situación laboral de más de un centenar de colaboradores que estaban bajo el esquema de honorarios y que habrían sido regularizados mediante esos documentos.
Los hechos se remontan al 16 de febrero, fecha en que oficialmente fue designada como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos Nadia López García. De acuerdo con comunicados oficiales y con el oficio entregado en propia mano a Arriaga, el relevo surtió efecto desde ese momento. Sin embargo, el 17 de febrero, ya con el cambio formalizado, Arriaga firmó 105 plazas que, según declaró ante medios, correspondían a un procedimiento iniciado meses atrás y cuya última formalidad era precisamente su rúbrica. “Sin esa firma, los expedientes se podrían trabar”, argumentó.
El problema no es administrativo sino jurídico. Si el relevo ya estaba vigente, cualquier acto posterior realizado por quien dejó el cargo podría carecer de validez legal. En entrevista con EMEEQUIS, el abogado Gabriel Regino advirtió que, de confirmarse que Arriaga actuó cuando ya no era servidor público en funciones, podría configurarse el delito de ejercicio ilícito del servicio público, previsto en el Código Penal Federal. La hipótesis es clara: firmar oficios, emitir órdenes o realizar actos inherentes al cargo después de haber sido formalmente sustituido podría implicar responsabilidad penal.
Arriaga reconoció ante reporteros que ese mismo día estaba firmando las plazas para “ciento cinco compañeros”. Sostuvo que no se trataba de un procedimiento improvisado, sino de la conclusión de trámites en curso. No obstante, la cronología es el núcleo de la controversia. Si el 16 de febrero dejó de ser titular y el 17 estampó su firma en documentos oficiales, la validez de esos actos queda inevitablemente bajo cuestionamiento.
Por ahora, lo único cierto es que las 105 plazas están bajo revisión y que el relevo en la Dirección General de Materiales Educativos no fue, al menos en términos administrativos, un corte limpio. La decisión final no sólo impactará a los involucrados, sino que enviará un mensaje sobre cómo el nuevo gobierno maneja la legalidad interna y la disciplina en el ejercicio del poder. En la administración pública, los días cuentan. A veces, también las horas.
