Organizaciones de la sociedad civil pusieron en el centro el tema del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, conocido como PANAUT, un registro obligatorio de tarjetas SIM creado a partir de una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que obliga a millones de personas usuarias a entregar datos personales y biométricos para poder conservar su línea telefónica.
Bajo la consigna #NoAlPadrón, colectivos especializados en derechos digitales, libertad de expresión y protección de datos personales sostienen que la medida representa un grave retroceso para la privacidad en México y coloca al país en una ruta similar a la de regímenes autoritarios como Arabia Saudita, China o los Emiratos Árabes Unidos, donde este tipo de registros centralizados forman parte de los mecanismos de control estatal.
Las organizaciones advierten que no existe evidencia de que un padrón obligatorio de usuarios de telefonía móvil contribuya a reducir la delincuencia. Por el contrario, experiencias internacionales y análisis independientes han vinculado este tipo de esquemas con un incremento en delitos como el robo de teléfonos celulares, la suplantación de identidad y la creación de mercados ilegales de tarjetas SIM. A ello se suma que, de acuerdo con la propia legislación, las autoridades investigadoras podrían acceder a la base de datos del padrón sin necesidad de contar con una orden judicial.
En un país donde la colusión entre autoridades y grupos criminales ha sido documentada de manera reiterada, las organizaciones consideran que concentrar datos biométricos en una base de datos centralizada y vulnerable a accesos no autorizados abre la puerta a consecuencias “inminentes, graves y potencialmente irreversibles” para millones de personas.
Por ello, ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, la cooperativa Tierra Común, el Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C. y SocialTIC enviaron una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que expresan su preocupación por lo que consideran una posible denegación de justicia en torno al PANAUT.
En el documento recuerdan que, frente a los riesgos que entraña el padrón para derechos como la privacidad y el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones presentó una controversia constitucional, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales promovió una acción de inconstitucionalidad y una minoría del Senado hizo lo propio. Además, miles de personas usuarias acudieron al Poder Judicial de la Federación para promover juicios de amparo.
Las organizaciones subrayan que la reforma que dio origen al PANAUT fue aprobada en el Senado en una sesión con una asistencia históricamente baja y con apenas 54 votos a favor, es decir, menos de la mitad de la Cámara alta. A pesar de ello, señalan que en juzgados de distrito y tribunales colegiados especializados se han desechado de manera automática las demandas de amparo, sin un análisis de fondo, bajo el argumento de que se trata de actos futuros inciertos y que las personas deben esperar a que el IFT emita disposiciones administrativas de carácter general.
De acuerdo con las ONG, esta dilación no solo retrasa innecesariamente el examen judicial de una medida de alto impacto social, sino que puede dejar en indefensión a millones de personas, ya que una vez que se emitan las disposiciones administrativas del IFT, la Constitución impide conceder suspensiones contra ese tipo de actos. En los hechos, advierten, ello significaría que los datos personales y biométricos comenzarían a ser recabados y almacenados sin que exista un control previo de constitucionalidad, y que a quienes se nieguen a registrarse se les cancele su línea telefónica, restringiendo su acceso a las tecnologías de la información.
La carta también pone énfasis en la relevancia de las decisiones que debe tomar la Suprema Corte en los recursos de reclamación 61/2021-CA, 56/2021-CA y 57/2021-CA, radicados en la Primera y Segunda Salas, respectivamente, ya que de ellas depende que se mantenga o se revoque la suspensión parcial concedida dentro de la controversia constitucional promovida por el IFT.
En este contexto, las organizaciones solicitaron que dichos recursos sean resueltos por el Pleno de la Corte, para garantizar una deliberación pública y transparente, y que se conceda la suspensión de todos los efectos y consecuencias de las normas que crean el PANAUT, a fin de evitar su puesta en operación antes de que el máximo tribunal del país analice a fondo su constitucionalidad.
Para las organizaciones firmantes, el debate sobre el PANAUT no es un asunto técnico ni administrativo, sino una discusión de fondo sobre el modelo de país que se quiere construir en la era digital, sobre los límites del poder del Estado frente a la vida privada de las personas y sobre el papel de la Suprema Corte como garante último de los derechos humanos en una democracia constitucional, ¿está México dispuesto a sacrificar su derecho a la privacidad en nombre de una seguridad que no ha demostrado ser efectiva?
