Integrantes de la Guardia Nacional podrían desempeñar cargos de elección popular, denunció Ivonne Ortega, coordinadora de la bancada del partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Esto en el marco del periodo extraordinario de sesiones del Congreso, donde se discutirá la nueva Ley de la Guardia Nacional (GN), surgida como parte de la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024, que oficializa el mando de la GN bajo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
¿Qué propone la nueva ley?
La norma busca consolidar a la Guardia Nacional con mando operativo y administrativo militar. Entre sus principales ejes están: integrarla completamente bajo la Sedena, otorgándole mando operativo, administrativo y disciplinario; reincorporar herramientas como actividades encubiertas, vigilancia por geolocalización y “usuarios simulados” sobre redes sociales, prácticas ya declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte; el propósito oficial es homologar sus facultades de inteligencia con Sedena y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para fortalecer su capacidad operativa.
“Cambié de opinión”: AMLO
Lejos quedaron los tiempos cuando el ahora partido en el poder criticaba la militarización del país. Recordemos que la Guardia Nacional fue creada en mayo de 2019 por iniciativa de López Obrador como una institución de carácter civil y encargada de realizar tareas de seguridad pública para reemplazar a la ya desaparecida Policía Federal Preventiva. La reforma que creó esta institución establecía que los militares se retirarían a los cuarteles en 2024 y que la GN tendría mandos civiles, promesas que no sucedieron, al contrario. Ante las críticas por la militarización y ante todas las posturas y declaraciones anteriores que el propio AMLO había hecho a administraciones anteriores, el presidente declaró “Sí, sí cambié de opinión”.
Guardia Nacional en la boleta electoral
La diputada Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora del Grupo Parlamentario de MC, señaló que, en las reformas a la Guardia Nacional, que se prevén discutir este periodo extraordinario de sesiones, se permitiría a integrantes de la Guardia Nacional competir en cargos de elección popular.
“Hay un párrafo que a mí me preocupa muchísimo, bueno, hay uno que habla de una licencia especial para los de la Guardia Nacional, que en funciones pudieran competir a cargos de elección popular, tener cargos administrativos municipales, estatales, federales, con el permiso del comandante del jefe, o sea, el presidente, la presidenta de la República o el secretario de la Defensa Nacional, nada más. O sea, no pasa por Senado, no pasa por Cámara de Diputados, no pasa por nadie más. Huele a golpe de Estado”, aseveró en declaraciones a representantes de medios de comunicación.
Críticas y voces de alerta
Diversas voces se han alzado contra esta iniciativa: Jorge Romero Herrera (PAN) sostiene que la iniciativa “consolida la militarización”, somete la GN a un mando castrense y viola el espíritu del artículo 21 constitucional. Denuncian que es un modelo regresivo y autoritario. Rubén Moreira (PRI) alerta que “no podemos avalar un Estado militar, policiaco y totalitario”; advierte que podrían instaurarse censura, espionaje y violencia institucional.
Ivonne Ortega (MC) consideró que en varios temas que se contemplan para discutir en este periodo extraordinario, la mayoría son apresurados, “hay temas muy profundos, que ojalá puedan recapacitar y puedan hacer mesas de diálogo y poderlas platicar”, por lo que también han calificado el proceso de “fast track” como precipitado y falto de debate sustantivo.
Riesgos de la ley
Amnistía Internacional advierte que la nueva ley aumenta “el riesgo de violaciones a los derechos humanos y la impunidad”, y exige que se vote en contra; partidos políticos señalan el uso potencial de geolocalización sin salvaguardas judiciales y permiso directo a empresas de telecomunicaciones para “espiarte en tiempo real”.
La oposición insinúa que los mecanismos de control parlamentario son meramente declarativos y no aseguran auditoría, suspensión de abusos o transparencia real, también un incremento de abusos: mayor probabilidad de operaciones sin judicialización previa, infiltraciones encubiertas y vigilancia masiva sin orden judicial; la pérdida de distinción entre lo militar y lo policial, con impacto en procesos judiciales y pérdida de acceso a la justicia civil, así como el latente riesgo de un Estado autoritario: un Ejército o Guardia sometido a mando castrense sin supervisión autónoma podría servir como herramienta política más que de seguridad.
El debate del 24 de junio
La pauta legislativa del periodo extraordinario (23 de junio–2 de julio) incluye la discusión de esta ley hoy, 24 de junio. Se espera que Morena y aliados aprueben la mayoría calificada sin discusión, pese a intensas críticas de oposición, organismos civiles y sociales.
El proyecto de ley podría fortalecer la capacidad operativa de la Guardia Nacional, pero también representa un potencial giro hacia un modelo de seguridad militarizada, que arriesga derechos fundamentales y la autonomía del control civil. El 24 de junio será decisivo para definir si México consolida esta transformación o persevera en un modelo de seguridad pública con contrapesos democráticos.
“Crítica ignorante”, revira Sheinbaum
En la conferencia mañanera del día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a la declaración de Ivonne Ortega declarando que ese es una “crítica ignorante”, y que el permiso para los militares ya está dado en la Constitución de 1917 y que lo que se busca es homologar a la Guardia Nacional con el Ejército y la Fuerza Aérea.
Por su parte, la diputada Ivonne Ortega respondió en el noticiero de Azucena Uresti. Ahí mantuvo su postura, argumentando que en el Artículo 44 fracción III se da una licencia especial en la cual cabe la posibilidad de que un elemento castrense pueda “desempeñar” una responsabilidad civil sin necesidad de someterse a votación y que para ello solo bastaría la orden de su superior, ya sea la Presidenta o el secretario de la Defensa, sin necesidad de pasar por aprobación del Senado o la Cámara de Diputados.
Pacheco puso especial énfasis en el verbo “desempeñar” que utiliza la ley, pues se deja abierta esa posibilidad de que el Ejecutivo “los nombre” para que “desempeñen” el cargo, lo que podría abrir la puerta a un golpe de Estado. Reiteró que los ponen a “desempeñar, no competir”, por lo que se podría quitar a cualquier autoridad electa para poner a un militar.
