Legisladores de Morena en el Congreso de la Unión presentaron una iniciativa de reforma constitucional para posponer la elección judicial programada para 2027 hasta 2028, al tiempo que proponen modificar de fondo el modelo de selección y evaluación de jueces, magistrados y ministros, con el argumento de fortalecer la independencia judicial y mejorar la calidad técnica de quienes aspiren a esos cargos.
La propuesta, suscrita por Alfonso Ramírez Cuéllar, Olga Sánchez Cordero, Mariana Benítez, Javier Corral y Susana Harp, plantea reformas a diez artículos de la Constitución con el objetivo central de evitar que las elecciones judiciales coincidan con otros comicios federales, una medida que, de acuerdo con los promoventes, permitiría una deliberación pública más amplia y una organización electoral más ordenada.
El proyecto establece de manera explícita en sus artículos transitorios que la elección de personas juzgadoras prevista para el proceso electoral federal ordinario de 2027 se llevaría a cabo el primer domingo de junio de 2028. Con ello, se rompe la lógica de concurrencia electoral que había sido contemplada en el diseño original de la reforma judicial impulsada en el actual sexenio.
Además del aplazamiento, la iniciativa introduce cambios relevantes en la arquitectura institucional del proceso. Entre ellos destaca la eliminación de los comités técnicos de evaluación integrados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para sustituirlos por un Comité Único de Evaluación encargado de integrar las listas de aspirantes. Este rediseño busca, según la exposición de motivos, “despolitizar la elección judicial” y garantizar criterios homogéneos en la selección de candidaturas.
En ese mismo sentido, se propone trasladar al Instituto Nacional Electoral la facultad de emitir la convocatoria para las elecciones judiciales federales, función que originalmente recaía en el Senado de la República. El cambio apunta a centralizar la organización del proceso en la autoridad electoral, con el argumento de dotarlo de mayor certeza y autonomía.
Otro de los ejes de la iniciativa es la incorporación de una certificación obligatoria de competencias emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial como requisito constitucional para aspirar a cargos jurisdiccionales. Esta medida sustituiría la exigencia de promedios académicos específicos, considerada por los legisladores como un criterio limitado para evaluar la idoneidad de los aspirantes, y la reemplazaría por mecanismos de evaluación técnica estandarizada.
La propuesta mantiene el principio de elección directa de jueces por voto ciudadano, pero elimina la disposición que obligaba a realizar estos comicios el mismo día que las elecciones federales ordinarias. Con ello, Morena busca desvincular los procesos judiciales de las dinámicas partidistas y electorales tradicionales.
Asimismo, se plantea modificar el mecanismo de designación de las presidencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina Judicial. En lugar de asignarse automáticamente en función del número de votos obtenidos en las urnas, como establecía el modelo anterior, se propone que dichos cargos sean elegidos por los propios integrantes de cada órgano, recuperando un esquema interno de votación.
De acuerdo con la argumentación presentada por los legisladores, el conjunto de reformas pretende fortalecer la calidad técnica de la función jurisdiccional, establecer criterios objetivos de evaluación y proteger la independencia judicial frente a presiones políticas derivadas de la coincidencia con otros procesos electorales.
La iniciativa se inserta en un contexto de debate nacional sobre el alcance y las implicaciones de la reforma judicial, particularmente en lo relativo a la elección popular de juzgadores. Su eventual aprobación implicaría ajustes sustanciales tanto en el calendario electoral como en los mecanismos de acceso a los cargos judiciales, con efectos directos en la organización institucional del Poder Judicial de la Federación.
