A casi dos años de haber sido presentada y tras completar todo el recorrido legislativo que exige la Constitución, la llamada reforma de salarios dignos permanece detenida en un limbo jurídico que ha impedido su entrada en vigor. Aunque fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión y avalada por la gran mayoría de los congresos estatales, la enmienda no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación porque la Mesa Directiva del Senado no ha emitido la declaratoria de constitucionalidad, un trámite obligatorio y meramente formal sin el cual la reforma simplemente “no existe” en términos legales.
La iniciativa fue presentada el 5 de febrero de 2024 como parte de un paquete de reformas de alto impacto social. Su objetivo era doble y claramente delimitado: garantizar que el salario mínimo nunca creciera por debajo de la inflación y establecer un salario base digno para maestras y maestros, personal médico y de enfermería, policías y elementos de las Fuerzas Armadas, equivalente al salario promedio de cotización ante el IMSS. De acuerdo con estimaciones oficiales, ese piso salarial rondaría entre 18 y 19 mil pesos mensuales hacia 2026.
El proceso legislativo avanzó sin sobresaltos. La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional el 24 de septiembre de 2024 y el Senado hizo lo propio el 9 de octubre del mismo año. En las semanas posteriores, 31 congresos estatales avalaron el proyecto, superando con holgura el requisito de mayoría calificada que marca el artículo 135 constitucional. Para finales de 2024, el trámite estaba concluido. Sólo restaba la declaratoria de constitucionalidad por parte del Senado y su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Ese último paso nunca llegó.
Durante 2025, cuando Gerardo Fernández Noroña presidía el Senado de la República, la Mesa Directiva evitó emitir la declaratoria bajo el argumento de que aún no se contaba con todas las actas de aprobación de los congresos locales. Sin embargo, con el paso de los meses se confirmó que los documentos sí habían sido recibidos y que el requisito constitucional estaba plenamente satisfecho. El motivo del freno era otro.
Un análisis interno de la Cámara de Diputados calculó que el impacto presupuestal de la reforma sería cercano a los 40 mil millones de pesos anuales, principalmente por el ajuste de los salarios base en sectores clave del servicio público. Esa cifra encendió las alertas en el bloque mayoritario, que optó por congelar el cierre del proceso legislativo para evitar que la obligación constitucional se tradujera de inmediato en un compromiso financiero ineludible.
Lejos de destrabarse, el bloqueo continuó con el relevo en la presidencia del Senado. Desde septiembre de 2025, con Laura Itzel Castillo al frente de la Mesa Directiva, la declaratoria de constitucionalidad sigue sin emitirse y hasta ahora no existe una explicación formal sobre las razones de la omisión. El silencio institucional ha tenido consecuencias concretas: al no estar vigente la reforma, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 no incluyó recursos para su implementación, cerrando la puerta a cualquier aumento automático en los salarios que pretendía garantizar.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido públicamente la existencia de la reforma pendiente y ha asegurado que “se va a publicar”, aunque en declaraciones recientes admitió que su aplicación tendría que ser gradual debido a que “no hay todo el recurso” para cumplirla de manera inmediata. La afirmación ha reforzado la percepción de que el freno no es técnico ni jurídico, sino estrictamente presupuestal y político.
Desde la oposición, el tema ha vuelto a colocarse en el centro del debate. El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, acusó directamente a Morena de mantener congelada una reforma ya avalada por todas las instancias necesarias. “La reforma para aumentar el salario de maestros, policías y personal de salud ya fue avalada por el Senado, la Cámara de Diputados y 31 congresos estatales, pero la mesa directiva encabezada por Morena no ha emitido la declaratoria de constitucionalidad”, escribió el legislador. Añadió que, a la luz de las declaraciones de la titular del Ejecutivo, su bancada exige que se destrabe una reforma que beneficiaría a más de tres millones de personas y reiteró la demanda de “salarios dignos ya”.
El caso de la reforma de salarios dignos exhibe una grieta profunda entre el discurso político y la práctica legislativa. Nunca antes una reforma constitucional aprobada por unanimidad, validada por los estados y concluida en su trámite sustantivo había quedado detenida indefinidamente por la negativa de emitir una declaratoria que, en los hechos, no modifica el contenido de la ley sino que simplemente reconoce que el proceso se cumplió. Mientras ese último acto no ocurra, la promesa de que el salario mínimo no pierda poder adquisitivo y de que millones de trabajadores del sector público cuenten con un ingreso base digno seguirá siendo, en los hechos, una reforma aprobada pero inexistente.
