La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió este miércoles a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma electoral, un proyecto que desde antes de su presentación formal ha generado fricciones dentro del bloque de partidos que integran la llamada Cuarta Transformación y que ahora abre un intenso debate legislativo rumbo a las elecciones intermedias de 2027.
Luego de varias semanas de posposiciones y ajustes técnicos, el documento fue finalmente remitido al Congreso prácticamente sin cambios en los puntos que habían provocado mayor resistencia entre los aliados del oficialismo, particularmente la nueva fórmula para elegir diputados plurinominales y la reducción del número de integrantes del Senado. La propuesta plantea modificar 11 artículos de la Constitución con el objetivo de rediseñar la integración del Poder Legislativo, reducir los tiempos oficiales en radio y televisión durante los procesos electorales, establecer reglas para el uso de inteligencia artificial en propaganda política y modificar los mecanismos de cómputo de votos.
Uno de los cambios más relevantes se encuentra en la conformación de la Cámara de Diputados. La iniciativa mantiene el número total de legisladores en 500, pero redefine el mecanismo de elección de los 200 diputados de representación proporcional. De acuerdo con el nuevo modelo, 100 curules se asignarían a candidatos que compitieron en distritos uninominales y que, aun sin ganar, obtuvieron los porcentajes de votación más altos para su partido. Las otras 100 diputaciones se elegirían mediante voto directo en cinco circunscripciones regionales, un esquema que incluiría la participación de mexicanos residentes en el extranjero.
La propuesta también plantea cambios sustanciales en la integración del Senado. Actualmente compuesto por 128 escaños, el nuevo diseño reduciría la Cámara Alta a 96 senadurías. En cada entidad federativa y en la Ciudad de México se elegirían tres legisladores: dos por mayoría relativa y uno asignado a la primera minoría, eliminando así la lista nacional de senadores plurinominales. Para este proceso, los partidos deberán registrar listas con dos fórmulas de candidatos, mientras que la senaduría de primera minoría se otorgará al partido que obtenga el segundo lugar en votación en cada estado.
En materia de financiamiento partidista, la reforma propone modificar la fórmula para calcular los recursos públicos destinados a los partidos políticos, con el objetivo de reducir los montos anuales. El cálculo se realizaría multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por un factor definido en la legislación secundaria. Además, la iniciativa establece de forma explícita la prohibición de que partidos, precandidatos o candidatos se financien con recursos provenientes de actividades ilícitas.
El proyecto también introduce nuevas reglas para las aportaciones privadas. Estas solo podrán ser realizadas por personas físicas mexicanas y deberán efectuarse mediante transferencias electrónicas o instrumentos bancarios, con lo que se elimina la posibilidad de aportaciones en efectivo y se fortalecen los mecanismos de trazabilidad y control financiero.
En cuanto a los órganos electorales, la iniciativa plantea que los salarios de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, de los organismos públicos locales electorales y de los tribunales electorales no podrán ser superiores al de la titular del Poder Ejecutivo federal. Aunque en la etapa preliminar del proyecto se había planteado eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares, conocido como PREP, esa propuesta no fue incluida en el texto final enviado al Congreso.
No obstante, sí se modifican los tiempos de los cómputos distritales. Con la nueva propuesta, los conteos de las elecciones locales iniciarían desde el momento en que se reciba el primer paquete electoral en los consejos distritales, y no el miércoles posterior a la jornada electoral como ocurre actualmente.
El proyecto incorpora además disposiciones relacionadas con democracia directa. La reforma busca reconocer constitucionalmente el derecho de los ciudadanos a participar en consultas populares, referéndums y plebiscitos, así como en otros mecanismos de participación directa. También abre la puerta al uso de tecnologías de la información para la emisión del voto en este tipo de ejercicios.
Otro de los apartados que ha llamado la atención se refiere a la regulación del contenido digital durante las campañas. La iniciativa establece que cualquier material relacionado con procesos electorales que haya sido modificado mediante herramientas de inteligencia artificial deberá estar claramente etiquetado para que el público pueda identificar su origen y naturaleza.
En materia de propaganda política, la reforma propone reducir los tiempos oficiales en radio y televisión durante los procesos electorales. El tiempo destinado a los partidos pasaría de 48 a 35 minutos diarios desde el inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral. Dichos espacios se distribuirían en bloques de entre dos y tres minutos por cada hora de transmisión en estaciones de radio y canales de televisión.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral en la Cámara de Diputados, donde comenzará su proceso de análisis y dictaminación. De acuerdo con el calendario legislativo planteado por el bloque mayoritario, la intención es que el proyecto sea discutido y, eventualmente, aprobado en ambas cámaras del Congreso antes de que concluya marzo.
Sin embargo, el debate apenas comienza. Las diferencias internas dentro de la coalición gobernante y las críticas de la oposición anticipan una discusión intensa sobre el alcance de los cambios propuestos y su impacto en el sistema electoral mexicano. La reforma impulsada por la administración de Sheinbaum se perfila así como una de las batallas legislativas más relevantes del inicio de su sexenio.
