En un grave y devastador episodio sucedido la noche de ayer, el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente (Argentina) y Universidad de Chile fue escenario de una escalada de violencia que culminó en un muerto, decenas de heridos y más de 90 detenidos — la gran mayoría simpatizantes chilenos. El encuentro debió ser cancelado definitivamente por falta de garantías de seguridad.
El estallido de violencia
Los primeros incidentes estallaron ya en el primer tiempo, cuando hinchas visitantes comenzaron a lanzar butacas, botellas, palos y hasta explosivos caseros desde la tribuna Sur Alta hacia la parte baja, destrozando estructuras e instalaciones del estadio.
Pese a los intentos por calmar la situación, al inicio del segundo tiempo la violencia escaló dramáticamente: barras bravas de Independiente ingresaron al sector visitante y atacaron brutalmente a los pocos hinchas chilenos que habían permanecido. Hubo golpes, desnudos forzados, personas inconscientes y testimonios de saltos al vacío desde lo alto de las tribunas para escapar del linchamiento.
Consecuencias humanas e institucionales
El saldo fue devastador: de acuerdo con los primeros reportes, al menos 10 personas resultaron gravemente heridas, un aficionado chileno fue intervenido quirúrgicamente —en estado crítico— y, según fuentes diplomáticas, hay un fallecido en medio del caos.
La Conmebol declaró oficialmente la cancelación del partido por la falta de condiciones mínimas de seguridad, y derivó el caso a sus órganos disciplinarios para determinar sanciones.
El presidente chileno, Gabriel Boric, condenó enérgicamente los hechos, calificándolos como “irresponsables” y asignando prioridad a la atención médica de los compatriotas afectados y al respeto de los derechos de los detenidos; se activaron los mecanismos diplomáticos y consulares para asistir a los heridos y gestionaron traslados al hospital.
Polémica sobre la responsabilidad
Desde Independiente, el intendente Néstor Grindetti y otros dirigentes desvincularon al club de la responsabilidad, afirmando que la situación fue resultado de una “masa desquiciada” y apuntando directamente a la parcialidad visitante como origen del conflicto.
Por su parte, representantes de la Universidad de Chile rechazaron la organización del encuentro, cuestionaron la ubicación de su hinchada (en una tribuna situada sobre la afición local) y exigieron sanciones duras: “Siempre estamos viviendo lo mismo. Es un tema cultural y social”, afirmó Daniel Schapira.
La tragedia en Avellaneda no fue una confrontación aislada, sino el hállazgo brutal de un sistema colapsado: dirigentes que se deslindan, seguridad insuficiente, pasión desbordada sin freno. La política, el deporte y la sociedad quedan expuestas a una deuda profunda: transformar el fútbol en espectáculo sin riesgo de devorar a sus protagonistas.
