La percepción ciudadana sobre el desempeño de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México atraviesa un momento crítico, marcada por un incremento sostenido en los niveles de desconfianza y rechazo hacia la institución y su titular, Bertha Alcalde Luján, luego de las irregularidades denunciadas en el caso de Edith Guadalupe. De acuerdo con una medición reciente elaborada por Dinamic Company en conjunto con PollsMx, siete de cada diez habitantes de la capital desaprueban la gestión de la fiscal, en un contexto donde las acusaciones de corrupción y omisiones han colocado bajo escrutinio el funcionamiento interno del organismo.
El estudio revela que el deterioro en la imagen institucional se agudizó tras las denuncias de la familia de la víctima, quienes señalaron intentos de extorsión por parte de agentes ministeriales, así como una respuesta tardía en las labores de búsqueda. Estos elementos no solo impactaron la percepción sobre el manejo del caso, sino que reforzaron una narrativa de impunidad estructural dentro de la Fiscalía capitalina, particularmente en investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto como el feminicidio.
Las cifras del análisis digital son contundentes. La Fiscalía de la Ciudad de México acumula un 85.44 por ciento de rechazo en redes sociales, posicionándose como una de las instituciones peor evaluadas por los usuarios. En contraste, apenas un 4.85 por ciento de las menciones reflejan una percepción positiva, mientras que un 9.71 por ciento se mantiene en la neutralidad. Este comportamiento evidencia un clima de desaprobación extendido, alimentado por la indignación social ante el caso y la percepción de fallas sistemáticas en la procuración de justicia.
En lo que respecta a la titular de la institución, los datos también reflejan una tendencia adversa. El 71.03 por ciento de los usuarios expresa rechazo hacia Bertha Alcalde Luján, frente a un 11.21 por ciento que manifiesta aprobación. El restante 17.76 por ciento se ubica en la indiferencia, lo que sugiere una pérdida de respaldo ciudadano en momentos donde la exigencia de resultados es particularmente alta.
Aunque la Fiscalía anunció la destitución de los funcionarios presuntamente involucrados en las irregularidades, la medida no ha sido suficiente para contener el desgaste en la confianza pública. Por el contrario, el caso ha intensificado la presión social y política para que se emprendan reformas profundas en los protocolos de atención a víctimas, así como en los mecanismos de investigación y control interno.
El impacto del caso Edith Guadalupe trasciende el ámbito judicial y se inserta en una discusión más amplia sobre la eficacia de las instituciones encargadas de garantizar justicia en la capital del país. En un entorno donde la violencia de género sigue siendo una de las principales preocupaciones, la respuesta institucional se ha convertido en un factor determinante para la legitimidad de las autoridades.
El escenario actual coloca a la Fiscalía de la Ciudad de México en una posición compleja, obligada a reconstruir la confianza ciudadana en medio de cuestionamientos persistentes. La evolución de este caso y las acciones que emprenda la institución serán clave para definir no solo el futuro de su titular, sino también la credibilidad del sistema de justicia en la capital.
