En un posicionamiento público, la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (Anavi) denunció que, con un operativo integrado por alrededor de un centenar de personas y mediante el uso de la violencia, el gobierno capitalino intenta legitimar un proyecto que calificó como “de muerte”, al considerar que implica despojo territorial, destrucción ambiental y un grave deterioro del tejido social de los pueblos originarios de Milpa Alta