La violencia contra operadores del sistema judicial en Guerrero escaló este miércoles tras el atentado armado contra la jueza de Ejecución Penal, Isis Peralta Salvador, ocurrido en el fraccionamiento Costa Azul de Acapulco, a escasos metros de la conocida Costera Miguel Alemán.
De acuerdo con los primeros reportes policiales, el ataque ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra la camioneta en la que viajaba la jueza, quien iba acompañada de su hijo, el cual resultó ileso.
¿Cómo fue el ataque a la jueza de Guerrero?
El vehículo de la jueza recibió al menos siete impactos de bala, de los cuales dos dieron directamente en el parabrisas del lado del conductor, justo donde se encontraba Peralta Salvador. A pesar de las heridas, la funcionaria logró salir del vehículo por su propio pie y pedir ayuda.
Poco después, fue trasladada a un hospital privado de Acapulco, donde fue reportada como estable. La Fiscalía General del Estado ya ha iniciado una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.
¿Quién es Isis Peralta Salvador?
Isis Peralta Salvador es jueza de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco, Guerrero. Es una funcionaria conocida en el ámbito judicial del estado, y su nombre ha estado vinculado mediáticamente a casos sensibles relacionados con crimen organizado y figuras políticas.
En el año 2022, fue señalada por el entonces subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, por “dilatar” una orden de cateo en cinco domicilios relacionados con la organización criminal La Familia Michoacana, supuestamente operada por los hermanos Hurtado Olascoaga. Dicha dilación habría ocurrido tres meses antes de la masacre en San Miguel Totolapan, donde murieron 22 personas, incluido el alcalde Conrado Mendoza Almeda
El ataque a balazos contra la jueza Isis Peralta Salvador en Acapulco es un grave recordatorio de los riesgos que enfrentan los servidores públicos en México, particularmente en zonas con presencia de grupos delictivos. Aunque la jueza se encuentra estable, el hecho exige respuestas urgentes por parte del Estado para garantizar la integridad del sistema judicial y la protección de quienes imparten justicia.
