La disputa por la construcción de la línea 6 del Cablebús en Milpa Alta se ha convertido en uno de los temas políticos más tensos de cierre de año en la Ciudad de México, ilustrando las fracturas entre los discursos oficiales de movilidad y justicia territorial, y las advertencias de comunidades originarias sobre violaciones a sus derechos y a la legislación agraria. El proyecto, promovido por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina como una obra de infraestructura social que conectará Milpa Alta con Tláhuac y Xochimilco, ha sido descrito por sus impulsores como una solución para reducir tiempos de traslado de hasta tres horas y ofrecer transporte eficiente, sustentable y económico para miles de habitantes de la periferia capitalina.
Sin embargo, colectivos y comuneros de Milpa Alta han denunciado que el proceso para avanzar con la obra está marcado por lo que califican como señales claras de imposición, incluso antes de que se construyan las torres y estaciones del sistema. Según análisis publicados en medios cercanos a organizaciones sociales, estas señalizaciones no solo reflejan una falta de respeto a la autonomía comunitaria, sino también posibles violaciones a derechos consagrados en la ley Agraria y en mecanismos de consulta indígena.
Una de las principales críticas se centra en la conducción del proceso de “consulta”. Habitantes de San Francisco Tecoxpa y otros pueblos han señalado que la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) ha utilizado personal ajeno a las propias comunidades para organizar reuniones, lo que, desde su perspectiva, mina la legitimidad de cualquier decisión colectiva. Denuncias periodísticas señalan que algunas asambleas se habrían llevado a cabo “a puerta cerrada”, limitando la participación de autoridades tradicionales y comuneros que representan una parte significativa de la población, mientras un grupo reducido de asistentes avaló el proyecto a mano alzada.
Los reproches no se han quedado en la esfera institucional. En fechas recientes, movilizaciones en carreteras como la Xochimilco-Oaxtepec y bloqueos han servido para expresar el rechazo a lo que se percibe como imposición desde el gobierno y la presión sobre comunidades que, sostienen los opositores, aún no han sido debidamente informadas ni consultadas de manera libre e informada. Grupos comunales han difundido comunicados y declaraciones señalando que la consulta debe realizarse conforme a la Ley Agraria y los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la participación de todos los actores agrarios de los nueve pueblos originarios de la alcaldía.
El clima de tensión ha escalado hasta incluir enfrentamientos físicos entre pobladores inconformes y personas ligadas a la organización de las asambleas. Testimonios y registros de incidentes señalan que la resistencia a ser excluidos de estos procesos democráticos ha provocado choques que incluyeron el uso de gas pimienta y enfrentamientos en los accesos a sedes comunitarias. Estos episodios amplifican la percepción de arbitrariedad y atropello que muchos comuneros denuncian en contra de las autoridades capitalinas.
Para el gobierno capitalino, el Cablebús representa una obra de justicia territorial, una iniciativa que pretende integrar zonas históricamente aisladas de la metrópoli al sistema de transporte y reducir desigualdades de movilidad. Autoridades han insistido en que el proyecto será sometido a consulta y que su ejecución respetará la voz de los pueblos por donde pasará la línea, alegatos que chocan con las voces disidentes que advierten que la consulta, tal como se ha planteado, carece de los estándares de participación comunitaria auténtica.
Este episodio pone en evidencia no solo la complejidad de instrumentar grandes proyectos de infraestructura en territorios con formas tradicionales de gobierno y propiedad, sino también el desafío para las administraciones de construir consensos legítimos en medio de la urgencia política de ofrecer soluciones de movilidad. La brecha entre quienes ven en el Cablebús una promesa de cambio social y quienes perciben una imposición que vulnera derechos colectivos no ha sido estrechada, y la resolución de este conflicto proyecta consecuencias significativas para la gobernabilidad local y la manera en que se conciben las consultas comunitarias en la Ciudad de México.
