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Nuevo caso de censura de la 4t contra periodista

El periodista morelense Paco Cedeño fue denunciado el 7 de agosto de 2025 por supuesta “violencia política de género” por parte de la regidora municipal Anita Sánchez Guerra y la senadora Juanita Guerra, ambas del Partido Verde Ecologista de México
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En una nueva tensión entre prensa y poder, el periodista morelense Paco Cedeño fue denunciado el 7 de agosto de 2025 por supuesta “violencia política de género” por parte de la regidora municipal Anita Sánchez Guerra y la senadora Juanita Guerra, ambas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Se solicita imponerle una multa de 60 mil pesos, acusándolo de difundir contenido que vulnera la perspectiva de género. Ante esta denuncia, Cedeño ha defendido su labor periodística señalando: “no tenemos la obligación de quedar bien con los servidores públicos”.

Paco Cedeño es un periodista independiente radicado en Cuautla, Morelos. Opera a través de sus redes sociales y su propio portal de noticias, Paco Cedeño Noticias, donde comparte información local y su postura en favor de la Cuarta Transformación, incluso con una foto junto a la presidenta Claudia Sheinbaum y alineamientos políticos bien definidos.

Según el periodista, el incidente ocurrió a finales de marzo de 2025, cuando grababa en vivo la llegada de la funcionaria —acompañada de guardaespaldas de la Fiscalía—, y ella lo confrontó acusándolo de “malinformar”. El video es el que presentamos a continuación:


La denuncia fue presentada ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC). De forma inusual, también se giró citatorio hacia dos administradores de su página, quienes no participaron directamente en los hechos, planteando dudas sobre la legalidad del procedimiento. Las funcionarias exigen que Cedeño se abstenga de mencionarlas o cuestionarlas en futuras transmisiones y demandan una retribución económica mensual de hasta 60 mil pesos.

La senadora Juanita Guerra Mena, hermana de la regidora, también interpuso una denuncia por el mismo motivo. Cedeño ha rechazado ambas acusaciones, señalando que constituyen un intento por censurar el ejercicio periodístico crítico hacia servidores públicos. Joaquín Pastrana, abogado defensor de Cedeño, ha destacado irregularidades en el proceso, como notificaciones tardías y falta de pruebas que sustenten la acusación. Además, se ha cuestionado la competencia del órgano electoral para sancionar a un periodista, ya que no es funcionario público.

Balance crítico y relevancia del caso

Este caso no solo involucra una reclamación legal, también representa un desafío a la libertad de expresión en la región:

  • La figura de violencia política de género, diseñada para proteger a mujeres en la política, se está utilizando de forma controvertida para inhibir críticas periodísticas legítimas.
  • El hecho de sancionar a terceros (administradores digitales) por el contenido que él genera evidencia un uso expansivo e inusualmente punitivo del mecanismo legal.
  • La combinación de agresiones físicas previas, amenazas y esta denuncia configura un entorno cada vez más hostil para el periodismo independiente en Morelos.

¿Una nueva forma de censura política?

La acusación a Cedeño se suma a una preocupante tendencia de censura y denuncias por violencia política de género en el ámbito público y mediático. Un caso reciente ocurrió en Acapulco, Guerrero, donde el Tribunal Electoral del Estado resolvió imponer una multa al periodista Jesús Gabriel Castañeda Arellano, administrador de la página de Facebook Acapulco Trends y le ordenó disculparse públicamente durante 15 días consecutivos como parte de un procedimiento por presunta violencia política de género en contra de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez. Otro episodio paralelo se dio en 2024, cuando la diputada Diana Karina Barreras Samaniego impuso sanciones al considerar que un mensaje en redes sociales constituía violencia política; dicho caso generó críticas por censura y terminó impulsando la etiqueta viral #DatoProtegido, como símbolo de censura en contextos políticos. O el caso de la gobernadora morenista de Campeche, Laydda Sansores, quien ha impuesto sensores al diario Tribuna de Campeche, después de demandarlos y lograr cerrar el periódico por 2 años, multarlos y encarcelar a su director.

La historia de la senadora Juanita Guerra y su cercanía con controversias

Juanita Guerra Mena, actual senadora por el PVEM, ha sido también protagonista de polémicas previas. En junio de 2023 presentó una denuncia contra el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, por violencia política de género: alegó que fue excluida del palco oficial durante el desfile conmemorativo del “Rompimiento del Sitio de Cuautla”. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó en junio de 2025 que Blanco cometió dicha violencia simbólica y psicológica, ordenando su inscripción por 18 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas, medida que le impide postularse para cargos públicos.

Además, el pasado 30 de julio, la senadora y su hermana, la regidora Anita Sánchez Guerra, protagonizaron un fuerte altercado con comerciantes en el centro histórico de Cuautla. Se denotan agresiones físicas y verbales: testigos relatan que una comerciante lanzó un líquido que impactó a la regidora, quien respondió con empujones y jaloneos. La presencia de la Guardia Nacional fue requerida para separar a las partes.

Este episodio plantea interrogantes serios sobre el uso de denuncias por violencia política de género como una herramienta para silenciar al periodismo local. Entre sanciones discutidas, conflictos públicos y procesos judiciales, emerge un entorno donde la libertad de expresión parece encontrar obstáculos cada vez más sutiles y complejos.

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La sentencia, dictada por el juez Horacio Óscar Rosete Mentado, concluyó que la norma es vaga, imprecisa y confusa, lo que vulnera derechos humanos, en particular la libertad de expresión y el principio de legalidad. El origen del juicio se remonta a agosto de 2025, cuando ARTICLE 19 y PROJUC interpusieron la demanda de amparo contra el artículo 480, que sanciona el “ciberasedio” bajo una definición amplia que castiga a quien, mediante tecnologías de la información, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital, de forma reiterada o sistemática realice actos de vigilancia, hostigamiento, intimidación u ofensa y, como consecuencia, altere la vida cotidiana de otra persona, perturbe su privacidad o dañe su integridad física o emocional
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