En la Ciudad de México, donde las plazas, esquinas y puentes ya parecen extensiones del escenario urbano, una diputada local de Movimiento Ciudadano alza la voz para que ese arte callejero deje de estar en zona gris. Patricia Urriza ha presentado una iniciativa para modificar la Constitución de la CDMX y la Ley de los Derechos Culturales con el fin de otorgarle un marco jurídico protector al trabajo de los artistas urbanos, para que interpretar, pintar o hacer acrobacias en espacios públicos deje de ser visto como una molestia o una infracción.
Para Urriza, la propuesta busca “democratizar las expresiones culturales” y rescatar el espacio público como esfera de convivencia activa, no solo como tránsito o superficie decorativa. Su planteamiento pretende hacer explícito que las manifestaciones artísticas no puedan ser retiradas por el mero hecho de presentarse en plazas y explanadas; que no sean criminalizadas o perseguidas por autoridades municipales bajo criterios arbitrarios. En su discurso desde la tribuna legislativa subrayó que localidades y alcaldías, en algunos casos, han intimidado o reprendido estas expresiones, desestimando que muchos de quienes las practican dependen de ese acto creativo como único medio de sustento.
La propuesta encuentra eco inmediato entre quienes viven del arte callejero. Juglares, acróbatas, músicos y pintores que recorren parques, cruceros y plazas ven en esta reforma una posibilidad para salir de la sombra de la ilegalidad y ofrecer un reclamo legítimo: que su trabajo sea reconocido como parte del tejido cultural de la ciudad. Guadalupe Ocampo, juglar del Jardín Hidalgo en Coyoacán, resume la precariedad: “Nos encontramos en indefensión porque este oficio depende de lo que amablemente nos da la gente; el día que trabajamos, comemos; el que no, pues no”. Selenia, del colectivo acrobático La Carpa Morada, agrega que pedir permisos para cada presentación es “muy difícil” y que terminan usando las calles para sobrevivir artísticamente: “Estas plazas ya han sido limitadas, y no tener facilidades nos obliga a buscar espacios por nuestra cuenta”.
El debate que abre esta iniciativa va más allá de si un artista puede presentarse libremente en un crucero. Se trata de definir cómo el Estado capitalino concibe el papel del arte urbano en su identidad, en su paisaje cotidiano y en su política cultural. También pone en tensión la autoridad de las alcaldías: ¿hasta qué punto pueden regular creatividades que surgen espontáneas en la calle? ¿Cuánta discrecionalidad cabe al imponer sanciones por manifestaciones no autorizadas? Urriza advierte que, si las autoridades incurren en abusos, su bancada estará pendiente y exigirá rendición de cuentas.
Pero no todos ven la medida con buenos ojos sin reparo. El reto legislativo incluye afinar los límites para evitar interferencias perniciosas, garantizar seguridad, orden y respeto al derecho al tránsito, y definir mecanismos para que el arte no se convierta en molestia o conflicto ciudadano. Será necesario establecer criterios claros para delimitar dónde y cómo pueden actuar los artistas urbanos —evitando el excesivo control administrativo— sin caer en una permisividad desordenada.
La iniciativa aún debe recorrer el camino constitucional y las discusiones en comisiones locales. Pero más allá de su destino final, ha logrado colocar sobre la mesa una conversación fundamental sobre la Ciudad de México: la necesidad de que sus calles sigan siendo escenario de vida, música, expresión y color, y no solo de uso ciudadano o tránsito. Que un acorde, una pirueta o un trazo mural tenga respaldo jurídico podría cambiar la rutina urbana: que tocar, pintar y criar arte no sea acto ocasional sino derecho reconocido.
