El origen de esta historia es desgarrador: en 2020, los hijos de Rosalinda —al menos dos de ellos— fueron asesinados. Desde entonces, ella, como policía de investigación, emprendió una búsqueda de justicia por esos homicidios, lo que la llevó a denunciar a personas que ella considera involucradas.
Pero el caso dio un giro político de alto voltaje cuando uno de los que ella señaló como presunto responsable buscó convertirse en juez durante el proceso de elecciones judiciales en San Luis Potosí. Al hacer pública su acusación, Rosalinda logró que dicho aspirante, Sabas Santiago Ipiña, fuera excluido del proceso electoral por no cumplir con requisitos constitucionales, algo que no había sido detectado inicialmente por el comité de selección.
En otras palabras: la denunciante logró, mediante su acción, interferir con un procedimiento que podía otorgar poder e impunidad a quien ella señalaba como implicado en los crímenes contra sus hijos.
No obstante, pese a su denuncia y que existan detenidos —se habla de hasta nueve personas vinculadas con el ataque— dichos implicados aún no han sido llevados a juicio. Aquí emerge una de las paradojas centrales del caso: la denuncia fue lo suficientemente fuerte como para bloquear una candidatura judicial, pero no para asegurar que los procesados enfrenten un juicio.
La demanda contra Rosalinda y el riesgo que enfrenta
El elemento más reciente y alarmante es que el excandidato (o aspirante al puesto judicial) ha presentado una demanda en contra de Rosalinda Ávalos. Tal denuncia, según el abogado Miguel Alfonso Meza (presidente de la organización Defensorsxs), se estaría apoyando en testimonios de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Meza también ha alertado sobre el alto riesgo que pende sobre la vida de Rosalinda.
Rosalinda ha llegado a declarar públicamente: “Ayúdame, me van a matar”, una alerta abierta de que su vida está en grave peligro dado lo que implica enfrentarse a actores con poder e impunidad. En consecuencia, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí le otorgó una medida cautelar consistente exclusivamente en un “patrullaje” fuera de su domicilio. Sin embargo, muchos defensores de derechos humanos y abogados han señalado que esa medida es claramente insuficiente, considerando la gravedad de las amenazas.
Interpretaciones y tensiones políticas
Este caso no es meramente personal: hilvana varios temas que han sido recurrentes en la crónica política y de seguridad del país:
- Intimidación a denunciantes y testigos
Rosalinda se convierte en un paradigma de lo vulnerable que está quien alza la voz contra actores con poder, especialmente cuando éstos tienen conexiones políticas, judiciales o de crimen organizado. Que ahora esté siendo demandada con testimonios posiblemente provenientes del crimen organizado es una advertencia clara de los riesgos que enfrentan quienes denuncian. - Captura y colonización de mecanismos de justicia
El hecho de que un aspirante a juez —una autoridad encargada de impartir justicia— haya sido señalado por asesinato de dos menores y pretendiera ser parte del aparato judicial revela lo que podría representar una “colonización” del sistema por parte de actores que tendrían interés en garantizar impunidad. El sistema de selección judicial debe estar blindado, pero el caso sugiere fallas o compadrazgos que no detectaron la irregularidad hasta que la denuncia mediática intervino. - Debilidad institucional frente al riesgo
Que la medida de protección para Rosalinda sea apenas un patrullaje demuestra una debilidad institucional en la protección de víctimas y denunciantes. En contextos donde el poder del crimen organizado tiene influencia, la protección debe ser integral: vigilancia, escolta, traslado seguro, defensa legal gratuita, etc. - Retraso en los procesos judiciales y la persistencia de la impunidad
Aún con detenidos, el hecho de que no se haya traducido en un proceso judicial efectivo expone las travas burocráticas, los vacíos de pruebas o la posibilidad de mecanismos de dilación. Denunciar no basta; se necesita tránsito al juzgamiento. - Simetría entre denunciante y acusado como estrategia de desgaste
La demanda que ahora pesa sobre Rosalinda cumple una doble función: penalizarla, hostigarla, amedrentarla; y restarle credibilidad pública ante una opinión que podría verla como “acusadora agresiva”.
Demandas urgentes
Para revertir estos riesgos, es clave que se impulsen acciones inmediatas:
- Protección integral a Rosalinda, que incluya escolta permanente, residencia segura o traslado si las circunstancias lo exigen, y cobertura legal pro bono.
- Investigación independiente de la demanda interpuesta, a fin de esclarecer quiénes están detrás, con qué fines, y si hay uso de testigos del crimen organizado para hostigar.
- Agilización del proceso contra los homicidas de sus hijos, que los acusados enfrenten audiencia, juicio y sentencias sin dilaciones injustificadas.
- Revisión de los mecanismos de selección judicial, con transparencia y escrutinio ciudadano, para evitar que personas con antecedentes o acusaciones graves aspiren a jueces.
- Protección institucional para denunciantes, que el Estado mexicano garantice que quienes denuncien no paguen con sus vidas.
El caso de Rosalinda Ávalos es paradigmático de la confluencia entre crimen, política y justicia en México. No se trata solo de un reclamo individual; es una alerta colectiva: el sistema de justicia y las instituciones estatales deben tener la fortaleza de proteger a quienes denuncian, impedir la infiltración de actores con intereses ilícitos y asegurar que la verdad no sea sepultada bajo escrúpulos burocráticos o amenazas silenciosas.
Si el sistema permite que una denunciante sea demandada e intimidadada, mientras otros señalados siguen libres, el mensaje es desalentador: la impunidad sigue siendo más fuerte que la justicia. Y eso debe ser combatido no solo con denuncias, sino con reformas, vigilancia ciudadana y solidaridad institucional.
