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César Jáuregui es vinculado a proceso por traición a la patria: qué se sabe del caso CIA

La FGR tendrá dos meses para completar la investigación, de acuerdo con el plazo fijado por el juez. Foto: Tomada de redes.
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César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de traición a la patria, luego de que un juez federal consideró que existen elementos suficientes para que continúe la investigación en su contra. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de presuntamente permitir la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo antidrogas realizado en territorio mexicano.

La resolución se emitió durante la madrugada de este domingo 25 de octubre de 2026, tras la continuación de la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal del penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. El juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes ratificó la prisión preventiva justificada, por lo que el exfuncionario permanecerá recluido mientras avanza el procedimiento, salvo que la medida cautelar sea modificada.

El caso se relaciona con un operativo realizado en abril en la Sierra de Chihuahua, donde murieron cuatro personas, entre ellas dos ciudadanos estadounidenses identificados en las investigaciones como presuntos agentes de la CIA. La defensa de Jáuregui rechaza que existan pruebas suficientes para demostrar que autorizó o conocía la participación de personal de esa agencia en la operación.

¿Por qué acusan a César Jáuregui de traición a la patria?

De acuerdo con la investigación federal, el exfiscal habría permitido o facilitado la intervención de agentes extranjeros en un operativo contra el crimen organizado sin que se cumplieran los procedimientos de autorización y coordinación con el Gobierno federal.

La FGR sostiene que la presencia de personal de la CIA en tareas operativas dentro de México, sin la intervención de las autoridades federales competentes, pudo vulnerar las disposiciones relacionadas con la soberanía nacional y la seguridad del país.

Para sustentar la imputación, el Ministerio Público presentó alrededor de 150 datos de prueba, según información difundida por la Fiscalía y reportes de la audiencia. El juez consideró que los elementos aportados justificaban continuar el proceso penal, pero la resolución no representa una declaración de culpabilidad.

La acusación se centra en determinar qué funcionarios conocían la presencia de los agentes estadounidenses, quién autorizó su participación y si se cumplieron los procedimientos legales para realizar una operación de seguridad con personal extranjero.

El operativo en Chihuahua que originó la investigación

Los hechos investigados ocurrieron entre el 17 y el 19 de abril de 2026, durante una operación para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas en la zona de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua.

Durante el regreso del operativo, una camioneta del convoy cayó por un barranco y explotó. En el accidente murieron cuatro personas: Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua; su escolta, Manuel Genaro Méndez Montes; y dos ciudadanos estadounidenses señalados posteriormente como presuntos agentes de la CIA.

La presencia de personal estadounidense en la operación generó cuestionamientos sobre la participación de agentes extranjeros en labores de seguridad dentro de México y sobre el conocimiento que tenían las autoridades estatales y federales. A partir de estos hechos se abrieron investigaciones que derivaron en procedimientos judiciales contra el exfiscal.

¿Qué resolvió el juez y cuánto tiempo permanecerá en prisión?

El juez federal determinó que existen elementos suficientes para que la FGR continúe investigando a Jáuregui por la probable comisión de traición a la patria.

Además, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante ese periodo, el Ministerio Público y la defensa podrán realizar diligencias y reunir elementos para sostener sus respectivas posiciones antes de las siguientes etapas del procedimiento.

La vinculación a proceso no significa que el exfiscal haya sido declarado culpable. La investigación deberá continuar y, en su caso, el proceso llegará a las etapas judiciales correspondientes para determinar si existen pruebas suficientes para una sentencia.

César Jáuregui también enfrenta un proceso en Chihuahua

La causa federal no es el único procedimiento judicial que enfrenta el exfiscal. El jueves 22 de octubre, un juez del fuero común lo vinculó a proceso por el presunto delito de ejercicio ilegal del servicio público, en una investigación encabezada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

En ese expediente, el juzgador descartó la imputación por coalición de servidores públicos. También fijó dos meses para la investigación complementaria. Esta causa local es independiente del proceso federal por traición a la patria, aunque ambos expedientes están relacionados con el operativo de abril y sus posibles irregularidades.

La existencia de dos procesos implica que las autoridades federales y estatales investigan posibles responsabilidades diferentes derivadas de los mismos acontecimientos. Las determinaciones de un expediente no sustituyen las resoluciones que deban adoptarse en el otro.

¿Qué dice la defensa del exfiscal?

Los abogados de Jáuregui han rechazado que los elementos presentados por la FGR acrediten que su cliente autorizó o conocía la participación de agentes de la CIA en el operativo.

La defensa sostiene que el exfiscal tenía conocimiento de la operación contra el narcotráfico, pero que eso no demuestra que supiera que personal de la agencia estadounidense participaría directamente. Tras la resolución federal, los abogados anunciaron que impugnarán la vinculación a proceso y cuestionaron la suficiencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

La controversia judicial se centra, por tanto, en establecer qué sabía Jáuregui sobre la presencia de los agentes extranjeros y si tuvo alguna intervención que pueda constituir un delito.

El caso también involucra a la gobernadora Maru Campos

La investigación ha generado repercusiones políticas en Chihuahua y tensiones entre autoridades estatales y federales. La gobernadora María Eugenia Campos ha sostenido que desconocía la participación de los agentes estadounidenses en el operativo.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que las autoridades federales deben esclarecer quién permitió la intervención de personal extranjero y si se respetaron las disposiciones legales. La investigación también ha puesto bajo escrutinio la actuación de otros funcionarios vinculados con la operación.

Además, Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, aparece relacionado con las investigaciones estatales. Su situación jurídica es distinta de la de Jáuregui y debe describirse conforme a las determinaciones oficiales que correspondan.

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La fiscal Ernestina Godoy rompió el silencio en medio de las tensiones entre la presidenta Sheinbaum y la gobernadora de Chihuahua. Confirmó que fue Maru Campos quien solicitó reunirse para señalar formalmente a su exfiscal, César Jáuregui, responsabilizándolo de abrir las puertas a operaciones ilegales de la CIA en territorio nacional.
Tras una audiencia de casi 10 horas realizada a puerta cerrada por razones de seguridad nacional, un juez ordenó que el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, permanezca en el penal del Altiplano. La medida responde a las investigaciones por el delito de traición a la patria. El sábado se definirá su vinculación a proceso.
El exfiscal de Chihuahua aseguró que su salida del cargo tuvo como objetivo no interferir en las pesquisas de la propia Fiscalía. Señaló que el caso tiene un trasfondo político, abre un debate sobre la democracia y la independencia de las instituciones, y cuestionó si la actuación de las autoridades podría beneficiar a los narcotraficantes afectados por el desmantelamiento de uno de los laboratorios clandestinos más grandes del país.

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