En medio del debate legislativo más intenso sobre derechos laborales en décadas, la exigencia de una jornada laboral de 40 horas semanales y dos días completos de descanso se ha convertido en un grito que aglutina a activistas, trabajadores y legisladores de oposición que consideran insuficiente la propuesta que actualmente discute el Congreso de la Unión. En Santa Catarina, Nuevo León, este fin de semana, la protesta popular tomó forma con la Pinta Nacional, una movilización simbólica en la que se plasmó la consigna “40 horas, dos días de descanso, ¡ya!”, replicada en muros, calles y plazas por grupos ciudadanos y militantes de Movimiento Ciudadano (MC), partido político que ha encabezado históricamente este reclamo.
La demanda no es nueva. Desde 2016, parlamentarios de MC impulsan iniciativas para que la Constitución y la Ley Federal del Trabajo reconozcan una jornada máxima de 40 horas semanales sin que ello signifique pérdida de salario ni derechos laborales, y con la garantía irrenunciable de dos días de descanso por cada ciclo laboral. Según reportes periodísticos, ese fue precisamente el espíritu original de las propuestas presentadas por MC hace años, antes de su congelamiento y posterior reactivación en el Congreso.
Sin embargo, el proyecto de reforma que actualmente avanza —impulsado por el gobierno federal y encabezado por la presidencia de la República— ha generado una profunda fractura entre quienes celebran el avance en la reducción de la jornada y quienes alertan que la iniciativa oficialista deja fuera la aspiración de una semana laboral de cinco días. El Senado aprobó en general hace pocos días un dictamen para disminuir progresivamente la jornada laboral de 48 a 40 horas entre 2027 y 2030, pero este texto mantenía la posibilidad de distribuir esas horas en seis días de trabajo con un solo día de descanso obligatorio, lo que para muchos críticos contradice el objetivo más ambicioso de alivio real para las y los trabajadores.
Frente a ello, el senador de Movimiento Ciudadano ha reafirmado que no se puede considerar una victoria verdadera una reforma que prescinda de dos días de descanso, puesto que esa garantía —afirman— es la que permita a las personas “tener tiempo para vivir, para su familia, para su salud y para descansar con dignidad”. Esta postura fue acompañada por la presencia de colectivos sociales, sindicatos y organizaciones ciudadanas que participan en el que se ha denominado, tanto formal como informalmente, el Frente Nacional por las 40 Horas, un crisol de agrupaciones que promueven la reducción de la jornada laboral con todos los derechos asociados.
El contexto en que ocurre esta pugna legislativa no puede desligarse de cifras estructurales: México es uno de los países de la OCDE con mayor cantidad de horas trabajadas anualmente, con un promedio por encima de los 2 100 a nivel nacional, mientras la productividad y los salarios reales se mantienen rezagados frente a la mayoría de sus pares internacionales. Ese contraste es parte de la narrativa de quienes ven en la reducción de la jornada una política pública no solo justa, sino necesaria para equilibrar salud, vida familiar y calidad de vida.
Pero también existen voces discrepantes incluso dentro del propio bloque en el poder. La oposición —incluyendo a representantes del PAN y del PRI junto con MC— ha calificado de “tomadura de pelo” un proyecto que reduce formalmente la carga laboral sin garantizar dos días de descanso, y advierte que la discusión no puede limitarse a horas puras si luego se flexibilizan esquemas de horas extraordinarias o distribución irregular de la jornada sin las debidas protecciones.
Hasta ahora, la reforma aprobada en el Senado debe ser dictaminada y votada también en la Cámara de Diputados y, una vez obtenida la mayoría calificada, remitida a los congresos estatales para su ratificación. Ese largo proceso abre todavía espacios para enmiendas y ajustes, pero también alimenta la percepción de que el avance, aun siendo histórico en términos cuantitativos, carece de la profundidad cualitativa que muchos sectores exigen. La movilización en Santa Catarina y en otras ciudades del país es una expresión palpable de esa frustración y de la intención de presionar a los legisladores para que escuchen un reclamo que miles de personas sienten como propio: trabajar menos para vivir más.
En un país donde el debate sobre condiciones laborales se cruza con la desigualdad, la crisis de productividad y cambios socioeconómicos profundos, el clamor por las 40 horas y dos días de descanso ya no es solo una demanda técnica: es, para muchos, una batalla por dignificar la vida laboral y redefinir el sentido mismo de trabajo en el México del siglo XXI.
