Autoridades federales confirmaron la detención de Rigoberto López Mendoza, señalado como presunto extorsionador de productores de limón en Michoacán y sospechoso del asesinato de Bernardo Bravo, dirigente regional de citricultores que fue hallado muerto el pasado lunes en su vehículo.
La aprehensión fue realizada durante un operativo conjunto en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía de Michoacán.
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que López Mendoza —identificado como Rigoberto “N”— fue arrestado mientras se trasladaba en un vehículo en las inmediaciones de Apatzingán, una de las zonas más afectadas por el cobro de piso impuesto por grupos del crimen organizado.
¿Quién era Bernardo Bravo y por qué fue asesinado?
Bernardo Bravo, líder de los productores de limón del occidente del país, había denunciado en repetidas ocasiones la extorsión sistemática contra agricultores en la región de Apatzingán. Según sus declaraciones a medios locales, los criminales exigían pagos exorbitantes que dejaban sin margen de ganancia a los productores.
Su cuerpo fue encontrado el lunes por la mañana, dentro de un segundo vehículo abandonado en un camino rural de Apatzingán. De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, Bravo había sido asesinado la noche del domingo con un disparo en la cabeza y posteriormente colocado en ese automóvil.
“Se tienen registros de video que muestran que Bravo salió de Morelia el domingo por la mañana en un vehículo blanco. Aparentemente acudió solo a una reunión en una comunidad cercana a Apatzingán, donde se presume que cambió de vehículo”, explicó Carlos Torres Piña, fiscal del estado.
Aunque contaba con escolta y vehículo blindado asignado por el gobierno estatal, el dirigente viajó sin protección a la reunión en la que, presuntamente, fue emboscado.
Grupos criminales detrás de la extorsión limonera en Michoacán
La extorsión en Michoacán ha alcanzado niveles alarmantes. Organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Nueva Familia Michoacana han extendido su control sobre sectores clave de la economía local, incluyendo la producción de limón, aguacate, refrescos y hasta tortillas.
Estas bandas delictivas exigen el pago de “cuotas” o “derecho de piso” para permitir que los productores trabajen, afectando directamente los ingresos de campesinos, comerciantes y empresarios.
En febrero de 2025, el gobierno de Estados Unidos designó a estos cárteles como organizaciones terroristas por su capacidad para generar violencia e inestabilidad regional.
Extorsión, el único delito de alto impacto que sigue en aumento
De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y septiembre de 2025 la extorsión creció 20.8% respecto al mismo periodo del año anterior, convirtiéndose en el único de los 11 delitos de alto impacto que sigue al alza.
Esta situación llevó al gobierno federal a lanzar en julio un Plan Nacional contra la Extorsión, que incluye una propuesta de reforma constitucional y una ley general para castigar este delito de forma más severa, incluso persiguiéndolo de oficio en todo el país.
