El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana rechazó las reformas a la Ley de Amparo aprobadas el 15 de octubre, al considerar que vulneran derechos fundamentales y eliminan una herramienta clave para la protección de ciudadanos y empresas frente a actos de autoridad.
Roberto Lyle Fritch, presidente del organismo, señaló que la modificación reduce la capacidad de defensa al eliminar la posibilidad de suspender actos gubernamentales que puedan causar daños irreparables mientras se resuelve un juicio.
“El Amparo era una herramienta para frenar abusos de autoridad y defendernos de decisiones injustas del gobierno. Hoy nos están quitando ese derecho”, afirmó Lyle Fritch.
Explicó que el recurso permitía a ciudadanos y empresas presentar sus argumentos ante los tribunales antes de que se ejecutaran resoluciones con posibles afectaciones graves. Con la nueva ley, dijo, “ese beneficio desaparece y deja sin protección a quienes enfrentan actos autoritarios del gobierno”.
El dirigente ejemplificó los riesgos con el caso de Samsung, a la que el gobierno federal impuso un cobro de 300 mil millones de pesos por IVA duplicado en importaciones temporales. “Esa empresa ya analiza retirarse del país, y con esta reforma no podría ampararse para defenderse legalmente”, advirtió.
Lyle Fritch sostuvo que las reformas, junto con la reconfiguración del Poder Judicial, generan incertidumbre jurídica y frenan sectores productivos. En Baja California, precisó, la industria de la construcción ha perdido más del 30 por ciento de su actividad y más de 200 empresas han cerrado, mientras que en el sector manufacturero se han registrado más de 30 mil empleos perdidos.
El presidente del CCE Tijuana alertó que la eliminación de mecanismos de protección y de organismos autónomos como el INAI debilita la transparencia y la rendición de cuentas. “Si el gobierno decide emprender obras con daños ambientales o fiscales, ya no habrá amparo que los detenga”, concluyó.
