En una reciente denuncia que ha puesto en el centro del debate público el cumplimiento de normativas ambientales en la ciudad, Marcelo Hinojosa Jiménez, alzó la voz contra lo que considera un retroceso preocupante: la reaparición de bolsas de plástico desechables en supermercados de Tijuana, a pesar de que su uso está expresamente prohibido por una disposición municipal que entró en vigor hace seis años.
Hinojosa Jiménez, quien funge como vicepresidente de Sustentabilidad de la delegación local de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), recordó que en el municipio un reglamento que impide la entrega de bolsas plásticas en tiendas de autoservicio, con el objetivo de reducir residuos, proteger espacios públicos y aliviar la presión sobre el ecosistema marino. Bajo ese marco legal, los establecimientos debieron adecuarse a nuevas prácticas y ofrecer alternativas sustentables, como bolsas reutilizables o materiales biodegradables, y evitar la entrega de las tradicionales de plástico que tardan siglos en degradarse.
Sin embargo, denuncia el empresario, algunas cadenas comerciales han vuelto a expedir bolsas plásticas —una decisión que, afirma, contradice el espíritu y la letra del reglamento municipal. “Hay algunos comercios, sobre todo cadenas, que han vuelto a expedir la bolsa de plástico; es importante que entre todos demos a conocer que existe un reglamento municipal donde no se pueden expedir bolsas y presionar para que estos negocios las dejen de entregar”, declaró Hinojosa.
El planteamiento de Hinojosa no solo se centra en el incumplimiento de una norma vigente, sino también en las consecuencias medioambientales. Las bolsas de plástico convencionales, subraya, pueden tardar más de 400 años en degradarse, liberando microplásticos que terminan contaminando suelos, cuerpos de agua y mares, y que incluso pueden terminar incorporados en la cadena alimentaria humana. Ese argumento sirve de recordatorio de que el combate contra el plástico desechable no es simbólico, sino fundamental para la salud pública y la preservación del entorno natural.
Durante la aprobación del reglamento, explica Hinojosa, se otorgó un periodo de transición para que los establecimientos liquidaran sus inventarios y migraran hacia opciones más limpias. En su interpretación, ese plazo ya concluyó desde hace tiempo, lo que implica que no existen excusas válidas para restituir el uso de plásticos prohibidos. Por ello, su llamado es doble: a la ciudadanía para que exija respeto al reglamento y a las autoridades municipales para que refuercen la inspección y sanción cuando corresponda.
No obstante, esta denuncia plantea interrogantes delicados: ¿por qué han regresado las bolsas plásticas en algunos supermercados? ¿Se trata de un descuido administrativo, de un desinterés por las multas o de una falla en la vigilancia? ¿Qué autoridad municipal tiene la competencia principal para supervisar que los comercios cumplan con la prohibición y con qué recursos cuenta para hacerlo?
Hasta el momento, los supermercadistas aludidos no han emitido una respuesta pública detallada que justifique el uso renovado de bolsas plásticas. Tampoco se ha conocido una acción concreta de la autoridad municipal que indique un plan de inspección ampliada o sanciones ejemplares. En un contexto en que la ciudadanía exige cada vez mayor responsabilidad ambiental, la pasividad podría interpretarse como permisividad.
La denuncia de Marcelo Hinojosa Jiménez abre una grieta en la confianza social hacia el cumplimiento normativo local. No basta con aprobar disposiciones ecológicas si luego se permite que queden en letra muerta. En el cruce entre el interés económico de los comercios, la voluntad de los gobiernos y la exigencia ciudadana, se juega no solo el respeto a una ley, sino la credibilidad de una administración que debe velar por un entorno más limpio y justo. Ahora queda por verse si este llamado tendrá efecto real, más allá de la puesta en escena mediática, y si Tijuana recupera el rumbo de la sustentabilidad institucional que un día prometió.
