La política bajacaliforniana ligada al partido en el poder atraviesa una de sus crisis más delicadas. Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal de Morena y exalcaldesa de Playas de Rosarito, fue incluida en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo acusaciones de vínculos con la organización criminal conocida como La Mayiza, brazo operativo del Cártel de Sinaloa en la región.

La sanción, que implica la congelación de bienes en territorio estadounidense y la prohibición de establecer relaciones financieras con empresas de ese país, coloca a Brown en una red político-criminal que durante años ha operado en Baja California con la complicidad —o al menos la omisión— de autoridades locales.

Una red que alcanza a políticos y empresarios

En entrevista con Azucena Uresti, la periodista Adela Navarro, directora del Semanario Zeta, explicó que la investigación publicada por el Departamento de Estado no solo involucra a criminales históricos de la región —como El Ruso, La Rana y El Aquiles, viejos operadores del Cártel de Sinaloa responsables de homicidios, secuestros y extorsiones—, sino también a políticos y empresarios con presencia pública y nexos con distintos gobiernos.

Personajes como Candelario Arcega se han vinculado con el crimen organizado desde mediados de la década pasada, detalló Navarro. Arcega, detenido en 2009 por vínculos con los Arellano Félix y luego liberado, reapareció en la vida política hacia 2015-2016, primero apoyando campañas del PAN y posteriormente las de Morena en Rosarito. “Y sí es una persona que ha estado siempre bajo la sospecha porque ha recibido muchos beneficios por parte de las autoridades locales en Rosarito”, señaló la periodista.

Empresarios con ligas al poder

El informe también apunta a empresarios como Jesús González Lomelí, ligado a concesiones millonarias otorgadas por el ayuntamiento de Tijuana y socio de un hijo de Jorge Hank y de un hijo de Antonio Vera Palestina, un excolaborador del grupo Hank condenado por el asesinato del periodista Héctor “El Gato” Félix. A Lomelí, “el ayuntamiento de Tijuana le dio la realización y organización de las ferias ahora en septiembre. Otros han obtenido por ejemplo la organización del tianguis turístico y han participado también en en campañas de Morena”.

El mismo González Lomelí es cercano a Fernando Salgado, propietario de la residencia en San Diego que utilizó la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Este entramado refuerza la sospecha de que sectores del empresariado, la política y el crimen organizado mantienen vasos comunicantes que han permitido la operación impune de estas redes.

Advertencia de Washington

Christopher Teal, cónsul de Estados Unidos en Tijuana, advirtió en declaraciones al Semanario Zeta que las sanciones no serán las últimas. “Toda persona, sea de donde sea y esté en el sector que esté, que tenga relación con estas redes criminales será investigada y sancionada”, afirmó.

La inclusión de Brown en la lista de la OFAC representa un golpe directo a la clase política de Morena en Baja California, ya afectada por el reciente retiro de visa a la gobernadora Ávila Olmeda. Para Washington, la estrategia es clara: acorralar no solo a los capos, sino también a los actores políticos y económicos que les brindan cobertura.

El costo político

En Baja California, donde la violencia ligada al narcotráfico ha dejado cifras récord de homicidios, la noticia ha detonado un terremoto político. Morena, que gobierna los principales municipios y el estado, enfrenta cuestionamientos sobre la infiltración criminal en sus filas.

“El narcotráfico no podría subsistir sin el apoyo y la protección del Estado mexicano”, sentenció Navarro, aludiendo al patrón histórico de complicidad institucional que ha permitido la expansión de los cárteles en la región.

La figura de Brown, hasta hace poco considerada una operadora cercana al proyecto de la llamada Cuarta Transformación, se tambalea en medio de acusaciones que, aunque no han derivado aún en procesos judiciales en México, la colocan en el centro de la tormenta política y diplomática.

Un futuro incierto

La inclusión en la lista negra de OFAC no solo compromete la carrera de Araceli Brown, sino que también plantea un dilema para Morena: sostenerla políticamente podría interpretarse como un acto de protección, pero deslindarse de ella implicaría reconocer la penetración del crimen organizado en su estructura.

Mientras tanto, el Departamento del Tesoro ha dejado claro que este es apenas el inicio de un cerco que apunta a desnudar las redes de corrupción y protección política que durante décadas han permitido la operación del narcotráfico en Baja California.