La tarde del domingo se tensó en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en la alcaldía Iztapalapa, cuando decenas de vecinos salieron a reclamar a la alcaldesa Aleida Alavez por la respuesta —según ellos insuficiente— ante las fuertes lluvias que el fin de semana anterior provocaron inundaciones y daños materiales en varias colonias de la demarcación. Testimonios filmados y difundidos en redes sociales muestran a la funcionaria llegando a la zona para un recorrido de supervisión y a partir de ese momento siendo recibida entre gritos y reproches; algunos residentes, en un gesto de enojo y desesperación, le arrojaron lodo y objetos mientras la escolta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) intentaba abrirse paso para resguardarla.
Los vecinos relataron que el agua, en algunos puntos, rebasó alturas considerables y arrastró muebles y electrodomésticos de las viviendas, dejando a familias con pérdidas materiales importantes. La versión periodística recoge, además, que el descontento no se limitó a denuncias verbales: las imágenes muestran a habitantes persiguiendo a la comitiva con cubetas y tierra como símbolo de la impotencia ante la percepción de abandono. En Iztapalapa, una alcaldía de alta densidad poblacional con reclamos históricos por el estado de la infraestructura hidráulica, el episodio no es ajeno a un contexto más amplio de tensión entre gobierno local y colonos por la frecuencia e intensidad de las inundaciones.
Fuentes locales y crónicas del hecho apuntan que la visita de la alcaldesa fue programada como parte del seguimiento a los daños ocasionados por las lluvias del sábado 27 de septiembre, pero que la presencia institucional fue percibida por los afectados como tardía y simbólica, sin respuesta inmediata en la entrega de apoyos de fondo. Las cifras preliminares que han circulado en medios locales elevan la magnitud del problema hasta miles de viviendas afectadas en distintos puntos de la demarcación.
El choque entre la población y la autoridad municipal obliga a mirar no solo el episodio puntual del lanzamiento de lodo, sino la acumulación de reclamos por débiles respuestas administrativas ante fenómenos meteorológicos recurrentes y accidentes que han costado vidas. Especialistas y vecinos consultados en reportes previos han señalado la antigüedad y el deficiente mantenimiento del sistema de drenaje, así como fallas en la coordinación interinstitucional para obras de mitigación, como factores que aumentan la vulnerabilidad de colonias como Vicente Guerrero. Los socavones y hundimientos que han afectado a distintas zonas de Iztapalapa en meses recientes sirven como telón de fondo para entender por qué la población percibe que las soluciones ofrecidas son insuficientes frente a riesgos estructurales.
Políticamente, el episodio adquiere aristas sensibles: Aleida Alavez, militante de Morena y hoy titular de la alcaldía, tomando el cargo que tenía la actual jefa de Gobierno, Clara Brugada, enfrenta así un problema de gestión que puede repercutir en la percepción ciudadana sobre su capacidad de gobierno en una demarcación clave para la capital. La imagen pública de cercanía que se espera de un alcalde o alcaldesa choca con la sensación de ineficacia cuando la atención a emergencias no se traduce en soluciones rápidas y verificables. En el corto plazo, la alcaldía deberá transparentar el conteo de afectaciones, las partidas presupuestales y la logística de reparto de apoyos para evitar que episodios como el de la Vicente Guerrero se conviertan en símbolos de una distancia irreconciliable entre gobernantes y gobernados.
La respuesta institucional —más allá del anuncio de brigadas y de la promesa de apoyos— exige acciones concretas: inventarios públicos de daños, mecanismos de entrega de ayuda con padrón verificable, coordinación con la Ciudad de México y con instancias de protección civil para obras de corto, mediano y largo plazo, y un calendario de mantenimiento y obras hidráulicas que atenúe la recurrencia de emergencias. Políticamente, también requiere una estrategia de comunicación que reconozca fallas sin criminalizar el enojo ciudadano y que convierta la indignación en un impulso para cambios administrativos reales. Si la promesa de que los apoyos llegarán en “una semana y media” se materializa, podrá servir para paliar el daño inmediato; si no, la narrativa de desamparo se agravará y el episodio de la Unidad Vicente Guerrero quedará como un catalizador de mayor desconfianza.
Finalmente, el lanzamiento de lodo a una autoridad es un síntoma dramático de la crisis de confianza que se instala entre gobernados y gobernantes cuando las políticas públicas no logran prevenir o mitigar vulnerabilidades previsibles. La gestión de emergencias no es solo logística: es política y simbólica; exige que las autoridades muestren capacidad de respuesta y, sobre todo, que las acciones sean tangibles para quienes perdieron bienes y tranquilidad. En Iztapalapa, en estas horas, la exigencia de la población es clara: no quieren promesas de presencia, quieren soluciones que resuelvan por qué, año tras año, la lluvia vuelve a dejar a las mismas familias en la intemperie.
