En la administración que hizo de la austeridad republicana un emblema político, hay quienes parecen haber encontrado otra manera de hacer rendir el dinero. El secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha declarado ser propietario de 13 ranchos que, en conjunto, abarcan cerca de 600 hectáreas, además de contar con 694 cabezas de ganado, maquinaria agrícola y un parque vehicular de valor considerable.
De acuerdo con una investigación de Audelino Macario, ocho de esas propiedades fueron adquiridas entre 2018 y 2024, es decir, durante el sexenio de su hermano, por un monto total de 6.9 millones de pesos, todos pagados en efectivo y de contado. El resto —cinco predios— fueron comprados entre 2010 y 2016, años después de que “Pepín”, como lo llaman en su natal Macuspana, concluyera su gestión como alcalde en el trienio 2004-2006.
Lo peculiar, apunta la investigación, es que durante buena parte de ese tiempo José Ramiro no tuvo empleo formal ni ingresos reportados. En el periodo 2018-2024, sólo desempeñó un cargo público: subsecretario de Gobierno bajo el mando de Adán Augusto López Hernández (quien recientemente se ha visto envuleto en escándalos por ingresos millonarios que él atribuye también a su actividad ganadera), puesto que ocupó apenas 22 meses. Desde entonces no se le conoce ninguna empresa, negocio particular o actividad productiva que justifique las millonarias adquisiciones de tierras y maquinaria agrícola.
En su declaración patrimonial del 30 de noviembre de 2024, López Obrador aseguró que el año anterior, es decir 2023, no tuvo empleo alguno. Actualmente percibe un salario mensual de 89 mil pesos como secretario de Gobierno en la administración de Javier May Rodríguez, lo que equivale a poco más de un millón de pesos anuales. Sin embargo, en marzo de 2024 —cuando aún coordinaba la campaña de May a la gubernatura— acudió, según el reporte de Macario, a la agencia Massey Ferguson frente a Plaza Altabrisa, en Villahermosa, para comprar en efectivo un tractor modelo 285 del año, con un valor de 1.2 millones de pesos.
Aun si se sumara la totalidad de su salario durante el primer año de gestión, el monto no alcanzaría siquiera para cubrir el costo de ese tractor, sin contar el mantenimiento de los ranchos, la compra de ganado y las operaciones agrícolas que implican una inversión constante.
El contraste entre la austeridad discursiva y el crecimiento patrimonial de “Pepín” resulta aún más notorio si se consideran los mecanismos de adquisición: pagos en efectivo, sin créditos bancarios ni financiamiento institucional, en operaciones que en conjunto superan los 10 millones de pesos.
Además, el funcionario tabasqueño no reporta ingresos por actividades privadas, aunque según la investigación ha vendido reses como proveedor de programas públicos, particularmente del plan federal “Crédito Ganadero a la Palabra”, lo que abre la puerta a posibles conflictos de interés o irregularidades en el uso de recursos gubernamentales.
La investigación también apunta a inconsistencias en la evolución de su patrimonio: en su declaración de transparencia, López Obrador reporta 694 cabezas de ganado adquiridas el 19 de marzo de 2024, por un valor de 10 millones 410 mil pesos, pero no declara ingresos adicionales que expliquen esa capacidad de compra. Tampoco se detallan las transacciones por la venta de reses ni los ingresos derivados de su supuesta actividad ganadera.
Mientras tanto, el hermano del expresidente ha evitado pronunciarse públicamente sobre el tema. En anteriores declaraciones, cuando se le ha cuestionado sobre casos de corrupción dentro del gobierno tabasqueño, ha respondido con una frase que hoy resuena con ironía: “El que la haga, que la pague”.
El caso de José Ramiro López Obrador pone de relieve uno de los dilemas más incómodos para la llamada Cuarta Transformación: el contraste entre el discurso de honestidad y austeridad y el ascenso económico de algunos de sus cuadros más cercanos. No todos los nuevos ricos de la 4T viajan a Tokio ni compran relojes o arte —como apunta Macario—; algunos prefieren coleccionar ranchos y ganado, discretamente, en efectivo y sin cuentas bancarias que delaten el origen de los recursos.
Por ahora, ninguna autoridad estatal ni federal ha anunciado una revisión formal del patrimonio del secretario de Gobierno de Tabasco. Sin embargo, los documentos en poder de Latinus y la investigación de Audelino Macario colocan su caso como una prueba de fuego para la transparencia en el entorno político más cercano al lopezobradorismo.
En una administración que prometió combatir la corrupción “de arriba hacia abajo”, el patrimonio rural de “Pepín” López Obrador se convierte en un símbolo incómodo: la imagen de un hombre que, sin empresas ni créditos, sin empleo por años, logró construir un emporio de tierras, ganado y maquinaria. Un nuevo tipo de riqueza silenciosa que florece bajo el discurso de la austeridad.
