La noche del 15 de octubre marcó un punto de inflexión para la seguridad institucional en Tijuana. El ataque perpetrado contra las instalaciones de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) en la delegación Playas de Tijuana ha sido catalogado por el Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana (CCE Tijuana) como un episodio “terrorista”, al representar un golpe directo al tejido de procuración y administración de justicia de la ciudad. Tal como lo manifestó su presidente, el C.P. Roberto Lyle Fritch, lo ocurrido no es un hecho aislado: es la punta de un iceberg que revela debilidades profundas en la estructura de seguridad pública del municipio y del estado
Según el CCE Tijuana, la falta de personal operativo en las corporaciones ha alcanzado niveles críticos: en Tijuana se estima un déficit de más de 4 mil policías, y a nivel estatal más de 7 mil. Este desbalance —subraya el sector— deja al descubierto a las instituciones frente a amenazas organizadas que no sólo miden su fuerza, sino su capacidad de reacción. Lyle Fritch sostiene que mientras no se atienda de fondo esta carencia de recursos humanos, “estas situaciones van a seguir ocurriendo”.
La exigencia del organismo empresarial es clara: respuesta firme, coordinada y urgente de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). La lógica es que este tipo de agresiones no sólo vulneran edificios o vehículos, sino que erosionan la confianza ciudadana, generan terror social y deterioran la percepción de seguridad, factor clave para la inversión y el turismo. Precisamente, Lyle Fritch señaló que el impacto económico no es menor: con la próxima visita de más de 600 empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) nacional a Tijuana, la advertencia es que noticias como esta pueden inhibir la llegada de inversionistas y afectar el desarrollo regional.
Para responder a esta coyuntura, el CCE Tijuana anunció la implementación de una campaña de reclutamiento policial. La idea es atraer nuevos cadetes, revalorizar la vocación del servicio y aprovechar la capacidad de la academia policial local, la cual actualmente tiene la infraestructura para formar hasta mil elementos por semestre, pero recluta sólo alrededor de 170. Esta iniciativa se presenta como una acción complementaria al esfuerzo gubernamental, pero también como una expresión explícita de que el sector privado está dispuesto a involucrarse ante la aparente falta de avance institucional.
Asimismo, el organismo insistió en la necesidad de reactivar las mesas de coordinación entre autoridades y sector privado, suspendidas desde la administración anterior. La visión del CCE Tijuana es que sólo con un diálogo permanente, con retroalimentación entre actores, se podrá construir una estrategia que no solo reaccione a los hechos, sino que los prevenga. Lyle Fritch apuntó que el Observatorio de Seguridad financiado por el propio CCE arroja datos preocupantes: una percepción de inseguridad del 74 % en la ciudad, acompañada de un incremento del 26 % en casos de extorsión y cobro de piso en diversas delegaciones.
Este ataque a la FGE coincide en un momento en que el crimen organizado y la violencia vinculada a él han redefinido sus formas de operar, apuntando ahora a símbolos del Estado, lo cual implica un riesgo aún mayor: no solo atentar contra vidas, sino contra la autoridad misma. En este contexto, la exigencia del sector empresarial se vuelve doble: demanda de protección para la actividad económica y, por otro lado, clamor por que las estructuras de seguridad dejen de responder sólo al fuego, y empiecen a operar en modos de anticipación, estrategia e inteligencia.
El reto, por tanto, es mayúsculo. No basta con que se realice un “actuado público” o una declaración de condena. El llamado del CCE Tijuana es a la acción sostenida, con dotación de personal, mejor remuneración, equipamiento, coordinación interinstitucional y transparencia en las tareas de vigilancia. Porque lo que está en juego no es solo la imagen de Tijuana como destino de negocios o turismo, sino la premisa básica de cualquier Estado: que la violencia no se instale como normalidad.
Queda por ver cuál será la respuesta de los gobiernos involucrados y, sobre todo, si la misma acatará la urgencia marcada por los actores de la sociedad civil organizada. Si no se concreta con hechos, advierten los empresarios, la “llamada de atención” a la que se refirió Lyle Fritch podría convertirse en un patrón de impunidad que los rebasará a todos.
