El Servicio Exterior Mexicano (SEM), conformado por más de mil funcionarios diplomáticos y técnico-administrativos destacados en misiones en el extranjero, ha levantado la voz por un problema que ha tocado un nervio sensible en la política laboral y de gestión pública mexicana: la falta de pago de la nómina correspondiente al mes de enero, junto con denuncias por décadas de precariedad salarial. La situación, considerada “sin precedentes” por quienes la vivieron en carne propia, detonó una carta pública dirigida a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en la que se solicita su intervención urgente para garantizar el cumplimiento de pagos y una revisión estructural de las condiciones laborales del personal diplomático.
El conflicto se remonta a los primeros días de enero, cuando personal del SEM se encontró laborando en el extranjero sin recibir su sueldo ni prestaciones de ley, a pesar de que los recursos para cubrir la nómina habían sido presupuestados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el ejercicio fiscal vigente. Según denunciaron a través de una misiva difundida en redes sociales, la Dirección General del Servicio Exterior les informó inicialmente que el pago se realizaría el ocho de enero, plazo que transcurrió sin que los depósitos se hicieran efectivos. Esta demora, sumada a la lejanía de sus lugares de trabajo y al alto costo de vida en ciertas adscripciones, generó una creciente preocupación entre las familias del personal afectado.
Desde ciudades con alto costo de vida, especialmente en Estados Unidos y Europa, los diplomáticos describieron cómo la falta de ingreso al inicio del año fiscal pone en riesgo su capacidad para cubrir compromisos básicos como renta de vivienda, colegiaturas y servicios esenciales. Advirtieron incluso sobre el riesgo de desalojos en algunos casos, una situación que agrava no sólo la tensión económica sino también emocional de quienes representan al país en el exterior.
Pero más allá del retraso puntual en la dispersión de salarios, el personal diplomático colocó sobre la mesa un problema de fondo: una estructura salarial que, aseguraron, no ha sido revisada en más de veinticinco años. La carta dirigida a la presidenta Sheinbaum subraya que, particularmente en la rama técnico-administrativa, los ingresos se ubican por debajo de los niveles de pobreza en varias adscripciones, lo que limita el acceso a financiamiento y créditos en los países de destino, y perpetúa un esquema de precariedad que deja a estos servidores públicos en una situación económica vulnerable.
Respuesta de SRE
Ante las denuncias, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que el pago de la nómina correspondiente a enero se realizará el lunes 12 de enero, redefiniendo el calendario de pagos tras el retraso derivado del inicio del año fiscal y de los procesos administrativos involucrados en las transferencias internacionales. En un comunicado oficial, la dependencia sostuvo que ya se han llevado a cabo las gestiones necesarias para garantizar que los recursos sean depositados en la fecha anunciada, y que los fondos estaban contemplados desde un inicio por la SHCP.
Sin embargo, la aclaración de la SRE no ha aplacado las críticas internas. Para muchos integrantes del SEM, el episodio no sólo evidencia una falla puntual en la operación administrativa, sino un patrón de desatención hacia quienes desempeñan funciones clave en la representación internacional de México. Las demandas de los diplomáticos incluyen no solo el pago puntual de sus nóminas, sino también un llamado a una revisión exhaustiva de sus condiciones laborales, que dignifique sus ingresos y prestaciones en concordancia con los estándares de vida de los países donde trabajan.
Este conflicto llega en un momento delicado para la política exterior mexicana, en el que la estabilidad institucional y la moral del personal diplomático juegan un papel central en la proyección internacional del país. Mientras la SRE se apresura a resolver la dispersión de salarios atrasados, las voces dentro del servicio exterior buscan convertir esta crisis en un punto de inflexión para replantear la gestión de recursos humanos en una de las áreas más sensibles del aparato estatal.
