El Gobierno del Estado de Nuevo León ha puesto en alerta el pulso político y financiero de la entidad al formular observaciones al Decreto Núm. 184, relativo a la Ley de Egresos 2026, aprobado recientemente por el Congreso local y que plantea importantes cambios en la asignación del gasto público. En un gesto que no se veía desde hace meses, el Ejecutivo encabezado por Samuel García Sepúlveda decidió vetar parcialmente la iniciativa, argumentando que las modificaciones hechas por los legisladores atentan contra la viabilidad de programas y obras prioritarias para la población.
El núcleo de la controversia radica en que el paquete fiscal, tal como fue aprobado, incluiría reducciones y ajustes que desde el Ejecutivo se consideran ajenos a las necesidades reales de los neoloneses, e incluso violatorios de preceptos constitucionales y de disciplina financiera. Según el Gobierno estatal, estos cambios rompen el equilibrio financiero y contradicen las normas de manejo responsable de los recursos públicos, poniendo en riesgo la ejecución de acciones que estaban ya proyectadas desde la presentación del Paquete Fiscal en noviembre de 2025.
En su análisis y comunicación oficial —entregada a la Oficialía de Partes del Congreso por la consejera jurídica del Estado, Paola Chapa—, el Ejecutivo advirtió que obras estratégicas relacionadas con la infraestructura vital de la entidad, como las Líneas 4 y 6 del Metro, la renovación de las líneas 1 y 2, corredores verdes, paraderos y mantenimiento de carreteras, podrían verse afectadas si se mantiene la propuesta sin ajustes. De igual manera, sectores sociales como educación, salud, protección social y programas destinados a población vulnerable, incluidos los de apoyo a estudiantes de escasos recursos, personas con discapacidad y atención a niños y mujeres con cáncer, estaban destinados a recibir aumentos presupuestales significativos en la propuesta original.
El propio Ejecutivo argumenta que estas reducciones se hicieron sin un análisis profundo de las necesidades ciudadanas, y que no solo entorpecen el avance de proyectos emblemáticos, sino que podrían frenar beneficios tangibles para miles de familias en Nuevo León. En el comunicado oficial, se recalca que el objetivo no es obstruir, sino garantizar que el presupuesto sea aprobado con responsabilidad, transparencia y apego a la Constitución, asegurando un uso ordenado de los recursos públicos en beneficio de toda la ciudadanía.
El veto parcial del Gobernador se da en un contexto de negociaciones tensas con una legislatura de mayoría opositora, que ahora vuelve al centro del debate fiscal. El Ejecutivo estatal subraya que no se trata de una confrontación, sino de una solicitud de revisión profunda de las partidas y programas recortados, presentada con argumentos legales y técnicos destinados a ser la base de futuras mesas de trabajo con las y los diputados.
Mientras tanto, el estado se encuentra operando temporalmente bajo una reconducción presupuestal con base en la Ley de Egresos de 2025, ante la falta de acuerdos para la aprobación del nuevo gasto público. Esta medida garantiza la continuidad operativa de la administración y de algunos proyectos esenciales, aunque sin el incremento y las nuevas asignaciones planteadas inicialmente para 2026.
El desenlace de este choque institucional no sólo marcará el rumbo financiero de Nuevo León en un año clave —con la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 a la vista y grandes retos de movilidad, seguridad y bienestar social—, sino que también será un termómetro del grado de cooperación y diálogo entre los poderes del Estado. El Gobierno reitera su disposición al diálogo constructivo, aunque insiste en la necesidad de que las decisiones se tomen con claridad, responsabilidad y en favor del bien común.
