El 25 de julio, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó que cerca de 600 mexicanos habían buscado refugio en diversas áreas del país debido a los intensos enfrentamientos y el reclutamiento forzoso por parte de grupos criminales en el estado de Chiapas, México.
Debido a estos hechos lamentables Este evento sin precedentes ha llevado al Ejército de Guatemala y a la Policía Nacional Civil (PNC) a aumentar la seguridad en la frontera con México para prevenir la entrada de estos grupos criminales al territorio guatemalteco.
La situación ha sido ampliamente cubierta por los medios de comunicación, que han destacado la rapidez con la que las autoridades de ambos países han coordinado esfuerzos para facilitar el retorno de los desplazados y proporcionarles permisos humanitarios para su permanencia en Guatemala. Al menos 207 de estos refugiados se encuentran actualmente en el municipio de Cuilco, recibiendo asistencia de emergencia.
Este éxodo inesperado es el resultado de un conflicto prolongado en la región, que ha visto un incremento alarmante en la violencia debido a la lucha entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Vale la pena mencionar que según la Administración de Control de Drogas (DEA), el Cártel de Sinaloa había mantenido históricamente el control de la región, aliándose con grupos guatemaltecos para el tráfico de drogas. Sin embargo, la reciente incursión del CJNG ha intensificado la violencia en la zona, llevando a una escalada de ataques directos contra la población civil, extorsiones y reclutamiento forzoso.
La situación en Chiapas sigue siendo crítica, y la violencia continua amenaza la seguridad de los residentes y los desplazados. Las autoridades guatemaltecas y mexicanas trabajan conjuntamente para enfrentar la crisis y garantizar la protección de quienes han huido de la violencia.
