En un escándalo que golpea el corazón del deporte nacional y la credibilidad institucional, se ha revelado que Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), habría ocultado sistemáticamente propiedades en sus declaraciones patrimoniales, manipulando información y desfalcando parte de su pasado con su expareja, la también medallista olímpica Paola Espinosa. Una investigación de Proceso, retomada por diversos medios, expone una red de irregularidades que contravienen la transparencia exigida a los servidores públicos.
Según datos verificados en los registros del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Yucatán, los bienes que Pacheco reportó oficialmente no coinciden con la realidad registral. En sus declaraciones entre 2020 y 2025, periodo en el que se desempeñó primero como teniente del Ejército y luego como titular de la Conade, él declaró poseer una supuesta casa y un terreno en San Crisanto, un pequeño poblado costero de Yucatán. Aseguró haber comprado la vivienda el 27 de abril de 2013 por un millón 640 mil pesos al ejido local, mientras que el terreno, de más de mil 200 metros cuadrados, estaba valuado en poco más de medio millón. Sin embargo, al contrastar esos datos con los registros oficiales, surge una verdad muy distinta: la “casa de San Crisanto” no existe allí. En su lugar, sí existe una propiedad, pero ubicada en una zona exclusiva de Mérida: el fraccionamiento Residencial Montecristo.
La casa en cuestión fue comprada originalmente por Pacheco y Espinosa el 27 de abril de 2013, por el mismo monto que él declaró públicamente, pero no a un ejido: la compradora vendedora fue la Constructora VNP, S.A. de C.V., según documentos notariales. Pero lo más grave, según testimonios recabados por medios, es que cuando terminó su relación, Pacheco habría obligado a Espinosa a cederle el inmueble bajo amenaza, ofreciendo pagarle una cantidad muy por debajo de su valor real.
Espinosa, según sus propias declaraciones, aportó la mayor parte del dinero para la compra de la casa y aceptó que su nombre quedara en la escritura, confiando en que el proyecto era de ambos y que vivirían ahí juntos. La ex atleta afirma que para renunciar a esa propiedad Pacheco le ofreció 600 mil pesos a cambio del cien por ciento de la casa, comprometiéndose además a darle la mitad de otras propiedades (que también habrían sido adquiridas durante su relación). Según Paola, esa negociación fue más que una transacción financiera: fue el cierre de un ciclo en el que ella renunció a “traer un alacrán en la espalda”, como describió su vida con Pacheco.
Pero las irregularidades no se limitan a esa casa. La investigación también señala que Pacheco tiene más propiedades que no reportó o declaró de forma opaca: una casa en el centro de Mérida que habría sido adquirida en abril de 2021, y otra en la colonia San Pedro Cholul, entre otros terrenos y bienes que no aparecen debidamente en sus declaraciones patrimoniales de 2020 y 2021. Además, en su última presentación pública, reconoció al menos ocho inmuebles —entre casas, terrenos y un departamento— con un valor conjunto superior a los cinco millones de pesos.
Pacheco, por su parte, ha respondido a estas acusaciones con una defensa limitada: afirma que todos sus bienes están “declarados y registrados conforme a la ley” y que sus manifestaciones patrimoniales son consultables en el Registro Público de la Propiedad. No obstante, el contraste entre lo que reportó oficialmente y lo que muestran los documentos reales plantea preguntas urgentes sobre su integridad como funcionario público.
La gravedad del asunto se agrava si se considera que estas posibles falsedades en las declaraciones patrimoniales constituyen una violación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y tienen implicaciones tanto legales como éticas para alguien al frente de un organismo clave para el deporte en México. Además, el hecho de que una figura pública como Pacheco, ex olímpico, use su posición para encubrir propiedades e incluso quedarse con la parte inmobiliaria de su expareja, afecta la confianza ciudadana y abre un debate sobre la rendición de cuentas en la Conade.
En un momento en que la transparencia en el servicio público es más exigida que nunca, este episodio apunta a que, detrás del discurso deportivo, podría ocultarse una construcción patrimonial con sombras que merecen investigación profunda y sanciones si se confirma que actuó con dolo. La ciudadanía, el deporte y la institucionalidad estarían en juego.
