En los pasillos del poder más allá de Baja California, crece una polémica de gran calado político: la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda ha sido señalada por favorecer a un entramado empresarial allegado al senador morenista Adán Augusto López Hernández. Se trata del Grupo COCEI, cuyos dirigentes, Fernando Padilla Farfán y Carlo Padilla Cásares, han sido presentados como sus presuntos prestanombres, según un exhaustivo reportaje publicado por la revista Proceso.
De acuerdo con la investigación, durante el mandato de Marina del Pilar el Grupo COCEI ha logrado adjudicarse contratos públicos por montos que suman casi 2 mil millones de pesos, todo ello con procesos mayoritariamente de adjudicación directa y sin competencia abierta. El informe detalla cómo distintas empresas del conglomerado —especializadas en unidades médicas móviles, construcción hospitalaria y servicios de salud— han sido favorecidas por el gobierno estatal en rubros clave para su plan de infraestructura pública.
El hilo que teje estas asignaciones lleva al corazón mismo de una red de influencia que, según las grabaciones reveladas por la senadora del PAN Lilly Téllez, conecta a los Padilla con Adán Augusto López. En esos videos, Carlo Padilla admite no solo su cercanía con el senador, sino también con al menos 15 gobernadores morenistas, entre ellos Marina del Pilar. De hecho, en una de las grabaciones se escucha al empresario relatar cómo condujo “18 horas” desde Ciudad de México hasta Baja California con 10 millones de pesos en efectivo para formalizar un acuerdo con la administración estatal.
Los proyectos beneficiados no son menores: destaca la construcción del Hospital La Morita en Tijuana, adjudicado a una empresa del Grupo COCEI, cuya cifra de contrato se duplicó, según reportes, de 223 a 468 millones de pesos. Además, las llamadas “Clínicas del Bienestar” móviles han sido operadas por compañías como Servicios para la Salud Abies, vinculadas directamente con Padilla Farfán.
Más allá de los números, lo que inquieta a analistas y a representantes de la oposición es el posible uso de estas empresas como mecanismos de financiamiento para fines políticos: desde las grabaciones y evidencia documental se reprocha que parte de estos recursos puedan regresar en forma de comisiones, lo que configuraría un esquema en el que contratos públicos se convierten en palanca para sostener una influencia política extendida, particularmente la de Adán Augusto.
La polémica ha escalado hasta el ámbito nacional, pues estos señalamientos coinciden con un momento de alta tensión en Morena por el papel que juega el senador López Hernández dentro del partido. Para muchos, lo revelado no es un simple escándalo local, sino una pieza clave del rompecabezas del poder en la 4T, donde el acceso al erario se mezcla con intereses políticos y lealtades personales.
Estas revelaciones han puesto en el centro nuevamente el debate sobre la opacidad en los recursos públicos y el papel de las redes empresariales vinculadas a figuras políticas poderosas. Mientras tanto, ciudadanos y organizaciones de fiscalización exigen que las autoridades federales y en Baja California investiguen a fondo, para determinar si lo que se ha registrado hasta ahora no es únicamente un ejercicio de asignaciones discrecionales, sino un entramado estructural de corrupción y tráfico de influencias.
La gobernadora enfrenta una encrucijada política y mediática: su legado en salud podría quedar empañado por estas acusaciones, salvo que su equipo demuestre con claridad que los contratos fueron otorgados con estricto apego a la ley. De lo contrario, la historia de su administración quedará marcada por el signo de un millonario auge empresarial íntimamente ligado a una red de poder nacional.
