En medio de las tensiones comerciales y migratorias con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el gobierno mexicano ha dejado en claro que no recurrirá a la imposición de aranceles como respuesta a las amenazas del futuro mandatario.
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, afirmó que México no adoptará la estrategia de “ojo por ojo” que Trump ha sugerido, al anunciar que impondría un arancel del 25 por ciento a las exportaciones mexicanas a partir de su toma de posesión en enero.
En entrevista Ebrard explicó que el gobierno mexicano no contempla la opción de imponer impuestos a los productos estadounidenses como represalia.
“No, nosotros no estamos por los impuestos (a Estados Unidos). No lo estaríamos planteando”, afirmó el titular de Relaciones Exteriores.
El gobierno mexicano tranquiliza a inversionistas
En respuesta a las amenazas de Trump, Ebrard ha emprendido una serie de encuentros con inversionistas y sectores productivos para tranquilizar a la comunidad empresarial, especialmente ante la incertidumbre generada por las declaraciones del presidente electo de Estados Unidos.
El secretario destacó que el enfoque de Trump, centrado en la imposición de aranceles, responde más a una táctica negociadora que a una política económica efectiva.
“Podemos estar tranquilos, (Trump) solo está elevando la negociación”, comentó Ebrard, quien ha mantenido un diálogo constante con el equipo de transición de Trump.
Trump justificó sus amenazas de aranceles, vinculándolas a la crisis migrante y la lucha contra el tráfico de fentanilo. El presidente electo de Estados Unidos aseguró que mantendría el arancel hasta que se logren avances significativos en la contención de inmigrantes ilegales y el combate al fentanilo, el opioide sintético que ha causado miles de muertes en su país.
Sin embargo, Ebrard reiteró que la imposición de aranceles no es una medida viable, ya que podría generar efectos negativos tanto en la economía de México como en la de Estados Unidos. De acuerdo con el canciller, dicha medida afectaría el empleo en la Unión Americana y tendría un impacto inflacionario que perjudicaría a los consumidores estadounidenses.
