En lo que ya es considerado un parteaguas en materia de seguridad pública, el estado de Nuevo León aseguró durante los primeros diez meses de 2025 un descenso del 54 % en homicidios dolosos con respecto al mismo lapso del año previo, y al mismo tiempo avanzó del lugar número 5 al número 14 en el ranking nacional de entidades por este delito, lo que lo convierte en la entidad que mayor cantidad de posiciones ganó en este rubro.
Este notorio avance —reconocido tanto por medios especializados como por el propio gobierno estatal— se fundamenta en cifras que apuntan a una tendencia sostenida a la baja: por ejemplo, en octubre de 2025 se reportaron apenas 39 homicidios, el mes más bajo registrado en la última década en la región.
El gobernador Samuel García Sepúlveda atribuye este logro al fortalecimiento de la coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales, a la operatividad de la Mesa de Construcción de Paz de Nuevo León y a la transformación de la corporación estatal de seguridad, la Fuerza Civil. “Hoy podemos decir con orgullo que Nuevo León es el estado que más ha avanzado en la reducción de homicidios”, señaló.
Analistas y medios destacan que el verdadero valor de esta evolución no radica únicamente en el porcentaje de caída —que por sí solo es relevante— sino en el cambio de posición: pasar de estar entre los más violentos a ubicarse por debajo de muchas otras entidades es una señal de transformación estructural en el aparato de seguridad local.
Sin embargo, los retos siguen siendo importantes. Una baja en homicidios no significa automáticamente que la percepción de inseguridad se disipe de forma inmediata ni que los factores que permiten la violencia —como la proliferación de armas, la participación del crimen organizado o la desconfianza ciudadana— hayan sido erradicados. En este sentido, el Gobierno de Nuevo León ya anunció un aumento significativo en el presupuesto de seguridad para 2026, que contempla equipamiento, patrullas, inteligencia operativa y mejores salarios para agentes.
Por otro lado, la fórmula de éxito en Nuevo León podría convertirse en modelo para otras entidades del país que luchan por contener el homicidio doloso. La estrategia implementada se ha basado en tiempo real en reuniones diarias de coordinación, en la articulación de corporaciones de distintos niveles, en inteligencia reforzada y en la visibilidad de la acción estatal como disuasión. Pero también plantea una pregunta clave: ¿será sostenible esta tendencia a la baja sin la profundización de cambios en la administración de justicia, prevención social y oportunidades económicas para jóvenes vulnerables?
En los próximos meses será fundamental observar si el descenso reportado logra afianzarse y no se trate de un mínimo coyuntural, y también medir el impacto en la tranquilidad percibida por la ciudadanía y en la autoestima institucional de las fuerzas de seguridad. Lo cierto es que, por ahora, Nuevo León destaca en el mapa nacional de seguridad como el estado que más ha avanzado —y eso, en un país aquejado por la violencia sistémica, es un hecho que merece seguirse de cerca.
