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Omar García Harfuch señala supuestos acuerdos con jueces para liberar narcos; CJF rechaza acusaciones

La Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se pronunció en contra de las declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana
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En un comunicado oficial, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) rechazó tajantemente las aseveraciones del secretario de seguridad Omar García Harfuch, en las que el funcionario señaló que existía un riesgo de liberación de los narcos mexicanos debido a supuestos acuerdos con jueces.

Vale la pena mencionar que García Harfuch, en una rueda de prensa, explicó que la entrega de los 29 individuos, vinculados a delitos de alto impacto, se realizó bajo la premisa de que algunos de estos podrían quedar libres o ver retrasados sus procesos de extradición por la intervención de jueces que los favorecían.

En respuesta a estas declaraciones, el CJF aseguró que está plenamente dispuesto a actuar en contra de cualquier jueza o juez que esté involucrado en acciones ilícitas o irregulares, y que se procederá conforme a la ley en caso de que se encuentren pruebas de conductas indebidas. Además, el organismo judicial subrayó que su compromiso con la justicia es absoluto y que está dispuesto a colaborar con las autoridades para aclarar cualquier posible irregularidad.

En su comunicado, el CJF también hizo énfasis en que los 29 narcotraficantes entregados a Estados Unidos enfrentan diversas investigaciones por delitos de alta gravedad, incluyendo delincuencia organizada, tráfico de fentanilo y otras drogas, lavado de dinero, homicidio, tráfico de armas y secuestro, lo que subraya la importancia de su extradición.

El presidente del CJF instó a Harfuch a presentar las pruebas necesarias ante las instancias correspondientes, como la Fiscalía General de la República, si existen sospechas de corrupción o influencias indebidas dentro del poder judicial. Esto, aseguró, es fundamental para garantizar la transparencia en el proceso judicial y el debido cumplimiento de la ley.

Este intercambio de declaraciones ha generado una creciente atención en torno a la relación entre las autoridades federales de seguridad y el poder judicial, así como en las medidas que se tomarán para asegurar que las extradiciones a Estados Unidos se realicen conforme a derecho, sin interferencias de ningún tipo.

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