La Suprema Corte de Justicia de la Nación firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para garantizar a su personal el acceso a servicios médicos de segundo nivel, luego de que fueran cancelados los seguros de gastos médicos privados que tradicionalmente cubrían a ministros, funcionarios y trabajadores del máximo tribunal del país.
La firma del Convenio de Colaboración para la Atención de Servicios Médicos de Segundo Nivel estuvo encabezada por el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, y por el director general del Issste, Martí Batres Guadarrama. De acuerdo con la información difundida oficialmente por el alto tribunal, el objetivo central del acuerdo es ordenar y formalizar un procedimiento que ya se encuentra previsto en la normativa vigente, con el fin de mejorar la programación de consultas con médicos especialistas, así como la realización de estudios diagnósticos y tratamientos que requieren atención especializada.
En un comunicado, la Corte explicó que el convenio permitirá canalizar de manera sistemática los casos que necesitan revisión médica de segundo nivel, reforzar la coordinación institucional con el Issste y agilizar los tiempos de atención, los mecanismos de referencia médica y la operación general del sistema de salud para su personal. La institución subrayó que no se trata de la creación de un régimen excepcional, sino de una mejor articulación de los servicios ya contemplados en el marco legal.
Durante el acto protocolario, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz destacó la relevancia del acuerdo al señalar que el bienestar del personal del máximo tribunal es una condición indispensable para el adecuado funcionamiento de la justicia. “Nosotros no podemos hacer justicia hacia afuera y olvidar la casa; no podemos pensar en el bienestar de otros sin ocuparnos del bienestar del personal de la Corte”, afirmó. En ese mismo contexto, subrayó que, con este convenio, los trabajadores de la SCJN pasan a ser derechohabientes del Issste, expresando confianza en las instituciones del Estado para garantizar la atención médica necesaria.
Por su parte, el director general del Issste, Martí Batres Guadarrama, explicó que la colaboración permitirá articular los servicios médicos con los que ya cuenta la Suprema Corte y asegurar, mediante mecanismos de referencia y contrarreferencia, el acceso oportuno a consultas con especialistas, estudios clínicos y tratamientos que no pueden resolverse en el primer nivel de atención. Batres sostuvo que el acuerdo busca garantizar eficiencia y oportunidad en los servicios de salud, sin privilegios indebidos.
En su intervención, Batres calificó el convenio como un “acuerdo igualador” que envía un mensaje político claro sobre la igualdad de derechos dentro del Estado mexicano. Señaló que el acceso a los servicios del Issste para el personal de la Corte reafirma la idea de que todos los servidores públicos, independientemente del poder al que pertenezcan, deben contar con las mismas prestaciones y derechos en materia de seguridad social.
La firma de este convenio ocurre en un contexto de debate público sobre los beneficios y prestaciones de los altos funcionarios, particularmente en el Poder Judicial, y tras la decisión de cancelar los seguros de gastos médicos privados que durante años fueron considerados un privilegio.
